Difícil tripartito

Artur Mas parece tener asegurada la investidura, pero las dificultades que está encontrando para alcanzar un pacto de legislatura con ERC que garantice la estabilidad del Gobierno muestran hasta qué punto su posición ha quedado debilitada tras unas elecciones que nunca debió adelantar. La necesidad de pactar con el independentismo radical se perfila como una fuente de tensiones internas dentro de la coalición y como un factor de inestabilidad para el Gobierno autonómico, que puede colocar a Cataluña en una peligrosa situación de incertidumbre. La primera dificultad deriva de que lo que se está negociando es en realidad un pacto tripartito, pues la coalición nacionalista tiene dos partes, Convergència y Unió, y no precisamente bien avenidas con relación a los asuntos que ERC exige como condición para poder apoyar al Gobierno durante la legislatura.

Tanto Convergència como ERC se habían presentado a las elecciones con una agenda soberanista centrada en el derecho a decidir, por lo que no ha sido difícil alcanzar un acuerdo sobre la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña. Pero la exigencia de ERC de establecer una fecha concreta choca con la posición de Unió, que había aceptado a regañadientes que la consulta figurara en el programa y ahora se resiste a fijarla en el calendario, dado que alberga serias dudas de que pueda celebrarse. Puesto que no existe un marco jurídico que ampare la convocatoria y las posibilidades de pacto con el PP para lograrlo son remotas, la coalición puede verse abocada a una disyuntiva del todo indeseable para Unió: o vulnerar la legalidad o renunciar a la consulta; ambas negativas para la coalición.

No menos problemática se presenta la parte de la negociación relativa al programa económico. CiU defiende un programa liberal de austeridad a ultranza, con recortes y privatizaciones que ya ha anunciado que deberá mantener para poder cumplir el Pacto de Estabilidad. ERC, en cambio, tiene como segundo eje de su programa la exigencia de un cambio en las políticas para afrontar la crisis. Y está dispuesta a exigir un alto precio por sus votos. La lista de exigencias incluye revertir algunas de las políticas aplicadas por CiU en los dos años que ha gobernado, como la supresión del impuesto de sucesiones para las rentas más altas o la modificación del impuesto de Patrimonio, reduciendo de 700.000 a 500.000 euros la cuantía a partir de la cual se tiene que pagar. ERC exige también aumentar los ingresos fiscales con nuevos impuestos que graven las viviendas vacías en manos de la banca, las grandes superficies, la energía nuclear o las bebidas refrescantes; todas ellas, medidas que incomodan especialmente a Unió.

El pacto incluye una tercera parte destinada a avanzar en la construcción de “estructuras propias de un Estado”, como la creación de una agencia tributaria que recaude todos los impuestos en Cataluña, el Banco de Cataluña, plenas competencias en justicia o la creación de estructuras propias para gestionar la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo. Este apartado, en el que el acuerdo parece más fácil porque puede ser un brindis al sol, augura sin embargo una gran conflictividad institucional, pues se trata de iniciativas para las que no existe cauce legal ni político y su aplicación requeriría modificaciones legales de gran calado.

Lo peor que podría hacer el Gobierno de España ante esta fuga hacia adelante de Artur Mas es enrocarse en una dialéctica de contraataque con medidas legislativas destinadas a laminar las competencias de la Generalitat y una ofensiva recentralizadora que solo serviría para agravar la situación. La difícil coyuntura económica que vive España y la crisis territorial, a la que sin duda hay que hacer frente, requieren políticos, a uno y otro lado, realistas y con altura de miras, capaces de tender puentes y anteponer el diálogo como método de resolución de las diferencias.