Escuelas supervisadas

Los aspectos que han deparado un mayor debate público en la reforma educativa propuesta por el ministro Wert responden a prejuicios ideológicos y gestos hacia sectores influyentes en el Partido Popular que poco tienen que ver con la necesaria mejora de la escuela; más bien suponen un retroceso en su modernización. En tal sentido, y dado que el Gobierno no parece dispuesto a renunciar a una reforma muy amplia del sistema, cabe resaltar la mano tendida ayer por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para negociar el texto final de una ley que solo debería centrarse en la mejora del sistema educativo y en la corrección de sus más gruesos errores.

Hay de partida, sin embargo, elementos positivos en el texto del proyecto. En particular los referidos a estimular la competencia entre centros públicos, a su evaluación, a la la rendición de cuentas y el apoyo en función de los resultados obtenidos. Son elementos presentes, en diversas formas, en países con sistemas educativos exitosos.

Parece fuera de duda que los centros escolares deben someterse a la evaluación de sus resultados, precisamente para mejorar los aspectos deficientes y aplicar los recursos de la forma más eficaz posible. Bien es verdad que la evaluación, y sus efectos, debe tener en cuenta no solo los resultados finales, sino también la situación de partida, el entorno y las dificultades objetivas con las que se encuentra cada uno de ellos; de otra forma podría haber discriminaciones sociales intolerables y guetos sin remedio. Con estas salvedades, la sociedad tiene derecho a saber el uso que se da a los recursos que aporta en un campo tan esencial para el futuro como el de la educación, y a saber también las medidas que se toman para corregir las deficiencias detectadas.

Esta parte de la reforma debería servir para plantear un debate sobre el funcionamiento de la escuela que, esta vez sí, tendría notables repercusiones sobre el éxito y el fracaso escolar, este último una de las mayores lacras de la educación en España, a pesar de haber registrado cierta mejoría. Para ello no es seguro que hiciera falta un cambio como el que plantea el ministro José Ignacio Wert, en el que se introducen elementos como el tratamiento de las lenguas propias, la clase de religión y su contraparte, asunto este de imposible resolución racional mientras la asignatura confesional sea parte del currículo oficial, o la suerte de Educación para la Ciudadanía.

El sistema educativo se resiente con reformas globales que obligan a cambiar los esquemas básicos de funcionamiento y los hábitos de los docentes aun antes de que haya tiempo para una evaluación consistente, pero mejoraría grandemente si fuera incorporando reformas parciales, en el sentido de las comentadas más arriba, que aumentaran su eficacia en la tarea de educar a los jóvenes.