“He tenido ganas de quitarme de en medio de todo esto”

Historia con final feliz. María del Pilar Honrado, de 65 años, se salva del desahucio del piso en el que ha vivido 40 años: horas antes de la ejecución del desalojo, el banco paraliza el procedimiento. Su historia es la de miles de personas que sufren cada día esta situación: en 2008 su hija le pidió que avalara la hipoteca de su casa, en la localidad madrileña de Leganés, donde ella también vive. La hija y su pareja no llegaron a pagar ni los seis primeros meses de cuotas del préstamo de 205.000 euros que les había concedido Barclays. La deuda hoy asciende a 341.000 euros y María del Pilar Honrado, viuda con una pensión de 1.000 euros, no puede hacerle frente.

Su caso, pese a ser muy crítico, ni siquiera encaja en el perfil de familia vulnerable contemplado en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios que hoy convalida el Congreso de los Diputados. Ella cumple los requisitos económicos que exige la nueva normativa: la renta de María del Pilar no llega al mínimo de 1.597 euros al mes, vive sola y este piso es su única vivienda. Sin embargo, no tiene las cargas familiares que exige el decreto para acogerse a la moratoria, ya que ser pensionista por sí mismo no da este derecho. Para ello, tendría que ser dependiente o tener cargas familiares.

María del Pilar es avalista, no propietaria, y corre el riesgo de que le quiten el piso. Ha intentado encontrar soluciones que, sin saberlo, podrían haber empeorado la situación. “Me parece un absurdo que hayan concedido un crédito de 38 años a la pareja de mi hija, que tenía 48 en aquel entonces. Yo fui a buscar uno para intentar pagar esta deuda, que no es mía, pero a esta edad ya nadie me da nada”, explica.

Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros

Después de hablar con dos abogados de oficio, y con el auxilio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, organización que conoció a través de una asistente social de Leganés, empezó a vislumbrar una solución a su problema. “Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros. Era casi imposible seguir aquí, pero yo estaba dispuesta a pagar un alquiler social si fuera necesario, solo para poder continuar viviendo en esta casa”, cuenta llorosa, aún sin creer que seguirá durmiendo allí las siguientes noches.

La buena noticia se la ha dado por teléfono su abogado, Mario Guimerans Iglesias. Cuando ya se preparaba para lo peor, María del Pilar recibió la llamada de la tranquilidad. No podía contener las lágrimas y las piernas le temblaban. Lleva meses en tratamiento psiquiátrico y su cuadro empeoró desde que recibió el aviso del banco, el 30 de diciembre de 2011. Según su informe clínico, sufre crisis de ansiedad y en varias ocasiones ha tenido ganas de suicidarse: "He tenido ganas de quitarme de medio de todo esto, vamos”.

En su casa, ya vacía y casi sin muebles, algunos vecinos que la han apoyado durante todo el proceso trataban de consolarla. María del Pilar se plantea el caso de otros afectados, con hijos pequeños, en paro y sin otro destino que la calle. Dice que en situaciones como esta, más allá de la presión psicológica, se deshacen también los lazos familiares. “Desde hace dos años no sé nada de mi hija, es lo que más me duele”, lamenta.