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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Ley de Tasas Judiciales

El Estado democrático, social y de derecho que se creó con la Constitución de 1978 ha muerto con la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, a todas luces inconstitucional por contravenir el principio de igualdad ante la ley que proclama nuestra Carta Magna. La próxima reforma de Gallardón será sin duda la reforma de la Ley de Justicia gratuita. Reforma que nos llevará a un mundo sin justicia, en el que la función represora del Estado pasará seguro a la sociedad. La junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados ha respondido al ministro con invitaciones a congresos sobre arbitraje internacional a sabiendas de su proyecto, e intenta lavar su cara resumiendo tibios comunicados en los que dice estar en contra, con palabras que no acompañan sus hechos. El decano justifica que está en contra de las tasas solo porque no van a revertir en Cataluña.

Su reacción es propia de un político y no de un jurista, que debería defender con hechos que el derecho a la tutela judicial efectiva sea una realidad para todos los ciudadanos en plena igualdad. Lejos de eso actúa de conformidad con lo dictado por los intereses políticos del momento. Muchos abogados, especialmente los miembros de ALTODO Cataluña [Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno], nos sentimos avergonzados por la falta de defensa del derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos y censuramos su gestión y actuación.— Vanessa González Fornas. Presidenta de ALTODO Cataluña.

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He intentado entender el tasazo judicial, pero no logro encontrarle el sentido común por ningún lado. ¿De verdad me está diciendo el señor Gallardón que si un ocupante de un vehículo sufre un accidente, y en consecuencia tetraplejia, tendría que pagar para realizar una demanda? Entonces, ¿para qué estamos pagamos impuestos si luego acabamos pagando los servicios básicos de los ciudadanos a un precio de mercado privado?— Anna Gual Vaqués. Igualada, Barcelona.

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