Sin seguridad jurídica

Asombra ver la impunidad y el descaro con que este Gobierno va anunciando leyes cada vez más represivas, más lindantes con posiciones autoritarias. Primero prohíben la resistencia pasiva para convertir en delito cualquier sentada, cualquier encadenamiento. Después amenazan con seis años de cárcel a cualquiera que lance un objeto a una policía sobre la que pesan denuncias por simular e inventar agresiones. Y ahora, finalmente, anuncian una ley que prohibirá filmar a los policías mientras trabajan.

Los objetivos parecen claros: por un lado, calmar a los policías, de modo que puedan cumplir cualquier orden con la seguridad de que no habrá consecuencias para ellos. La segunda, asustar a todo aquel que esté pensando en protestar, en quejarse. Tercero, asegurar a los que se decidan a hacerlo que la respuesta gubernamental será contundente y sin posibilidad de réplica judicial.

Es decir, los mismos porrazos o más, pero sin cámaras. Como no nos convencen, quieren callarnos. ¿Lo lograrán?— Alberto Gómez Vaquero.