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EDITORIAL

Segunda huelga

Los sindicatos intentan otra prueba de fuerza contra un Gobierno reacio a explicarse y negociar

Mariano Rajoy tendrá que enfrentarse a la segunda huelga general convocada por los sindicatos y otras entidades sociales, y apoyada inicialmente por partidos de la oposición, el PSOE entre ellos, cuando lleva menos de un año al frente del Gobierno. Si el anterior paro del 29 de marzo tuvo por objetivo la protesta contra la reforma laboral, ahora se trata de hacer una demostración frente a la política de austeridad a ultranza del Ejecutivo, haciéndose eco del creciente malestar social y en coincidencia con una jornada de movilizaciones sindicales a escala europea. La cuestión es qué eficacia cabe esperar de la nueva huelga general para aliviar los sufrimientos de la población afectada por los recortes salariales, los aumentos de impuestos, el paro desbocado y el miedo a peores condiciones de vida en el futuro, ni en qué ayudará a encontrar mejores salidas.

La instalación de una conflictividad social duradera podría tener impacto político, pero al precio de uncir a España cada vez más al grupo de sociedades desesperadas por la falta de frutos de las políticas de rigor. En tiempos de empobrecimiento de la población, la cultura de la huelga incluso cuesta más dinero a los trabajadores, sin que ese coste garantice la fuerza suficiente como para torcer el brazo al Gobierno.

España podría haber aprovechado la crisis en que se encuentra para salir fortalecida si el poder político hubiera promovido más la cultura del diálogo y de la explicación franca de las dificultades, algo que se echa de menos. Es difícil que los ciudadanos acepten las razones de la austeridad presupuestaria sin esperanza alguna de que disminuya el paro y sin que mejoren las condiciones en que se produce el endeudamiento de España. El Gobierno de Rajoy, en las fauces de la recesión, se limita a apoyarse en la ancha base de poder institucional de la que dispone para conducir unilateralmente una política de fuerte y rápida reducción del déficit público. No tiene mucho margen, pero la rectificación deseable en la política del Ejecutivo es que dé señales mucho más claras de creer en el diálogo. A falta de los frutos del crecimiento, que no se pueden repartir porque no existen, se trata de distribuir más equitativamente los costes de la crisis y de buscar soluciones que acorten la recesión.

También se necesita una mayor imagen de unidad de España ante las instancias europeas. Pero esa unidad interna hay que trabajarla. El Gobierno sacaría posiblemente rendimientos intentando acuerdos, por difícil que sea la tarea. Y no se entiende, por otra parte, en qué puede beneficiar un nuevo paro general a una economía ya debilitada, ni es evidente lo que puedan sacar en limpio los trabajadores de la nueva prueba de fuerza. No le hace falta a este país una sucesión de huelgas generales, que serían inútiles y contraproducentes, ni que sucedan hechos irreparables.

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