Amnistía en la playa

El Consejo de Ministros celebrado el viernes aprobó una reforma de la Ley de Costas de 1988 que supondrá una amnistía urbanística para más de 10.000 inmuebles levantados en dominio público y que debían ser derruidos a partir de 2018. Se han cumplido pues las peores expectativas sobre esta reforma, que se ha presentado con el ilusorio título de ley de “protección y uso sostenible” del litoral, para regular justo lo contrario de lo que proclama.

La ley de 1988 concedió a los propietarios de construcciones edificadas fuera de normativa o en espacios protegidos 30 años de disfrute, pasados los cuales la propiedad pasaría al Estado. Ese plazo expiraba en 2018. A partir de ese momento, debían comenzar las demoliciones. La reforma aprobada el viernes alarga la concesión por otros 75 años, es decir, garantiza el disfrute y explotación de las construcciones irregulares durante tres generaciones.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la polémica medida por la inseguridad jurídica que representa, para los extranjeros que han comprado esas propiedades, encontrarse con que deben ser derruidas.

Pero el ministro añadió dos razones más, que marcan el verdadero propósito del cambio normativo: “Mejorar la confianza de los inversores extranjeros y dar salida a los stocks de viviendas, que por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”. Ahí radica la contradicción entre lo que la ley proclama y lo que realmente regula.

Dice que ya no dejará construir en zonas protegidas, pero permite reducir el espacio considerado de dominio público y la servidumbre de protección pasa de 100 a 20 metros en algunos lugares, previo para que los Ayuntamientos admitan construir en el espacio liberado.

La norma abre pues la puerta a nuevas invasiones como las que ya han destrozado una parte del litoral, en una visión miope que sacrifica la calidad paisajística y ambiental a la satisfacción de intereses privados vinculados a la construcción. Los mismos intereses que han dejado parte de la costa convertida en un mar de cemento.