Delitos empresariales, sufrimiento humano

Autores invitados: Gerardo Ríos y Sara del Río (Amnistía Internacional/Greenpeace)

Esta es una historia de delitos empresariales, de violaciones de derechos humanos y de la incapacidad de las autoridades para proteger a las personas y al medio ambiente. Es una historia que muestra cómo empresas sin escrúpulos pueden abusar de la debilidad e insuficiencias de la legislación internacional para anteponer sus beneficios a las vidas humanas.

El 20 de Agosto de 2006 los habitantes de Abiyán, la principal ciudad de Costa de Marfil, se despertaron con un olor nauseabundo. Una cadena de empresas irresponsables había vertido toneladas de residuos tóxicos en hasta 18 lugares diferentes de la ciudad junto a casas, escuelas, parques...

Pese a la emergencia sanitaria que se declaró, hubo al menos 16 muertos y 43.492 casos fueron registrados como intoxicación grave causada por los residuos tóxicos. Los efectos en la población dieron lugar a 103.116 peticiones de tratamiento en los hospitales de la ciudad. En los días peores se produjeron hasta 8.000 demandas de asistencia médica. Los síntomas más comunes: cefaleas, problemas respiratorios y oftalmológicos, erupciones cutáneas y dificultades digestivas con dolores.

¿Cómo se generó esta auténtica crisis de derechos humanos, este desastre medioambiental?

Una mujer lavando en Akouédo. Akouédo es un basurero localizado en el distrito residencial de Abidjan. No tiene servicios para almacenar o tratar los desechos. La población local trabaja y vive pegada a él. Fotografía de Amnesty International, en su viaje de investigación a Costa de Marfil.

Una empresa basada en Londres, Trafigura Ltd., la tercera empresa mundial en el comercio de combustibles y con una facturación anual de 122 mil millones de dólares, había generado residuos extremadamente tóxicos al realizar un proceso denominado “lavado caústico” a una gasolina sin refinar llamada nafta de coquización con la idea de refinarla y aumentar su precio.

Comenzaron en refinerías de Emiratos Árabes y Túnez. Pero tras una fuga de gases en la planta de Tunez que derivó en problemas respiratorios para los trabajadores, las autoridades tunecinas suspenden las operaciones. Es entonces cuando deciden comenzar a realizar el “lavado caústico” a bordo de buques. En concreto, a bordo del Probo Koala.

El buque es propiedad de una empresa griega, registrada en las Islas Marshall y tiene bandera de conveniencia panameña. Durante tres meses de 2006 el buque fue lavando los residuos de nafta de coquización con sosa caústica diluida mientras navegaba por el Mediterráneo. Básicamente en las proximidades de Malta y Gibraltar.

Los periódicos publicaron los nombres de los afectados por la basura tóxica y las indemnizaciones. Foto de AI, 2009.

Trafigura contrató con una compañía holandesa, Amsterdam Port Services, la recepción y tratamiento final de los residuos. Pero al comenzar la descarga las autoridades detectaron la peligrosidad de estos. Los holandeses revisaron el coste del tratamiento al alza, entonces Trafigura rechazó el precio y decidió volver a cargar los residuos en el Probo Koala. El buque viajó primero a Estonia buscando descargar los residuos o quizás verterlos en el mar. Ante la vigilancia y seguimiento de las autoridades holandesas, Trafigura ordenó el transporte de la carga tóxica hacia África. Hubo intentos de descarga en Togo y en Nigeria, pero en ambos casos las autoridades lo impidieron.

A partir de ahí comienza la historia en Costa de Marfil. Los residuos son descargados mediante camiones que operan de noche. Cuando la empresa gestora del vertedero principal de Abiyán, primer destino de los residuos, alarmada por el mal olor de las primeras descargas, cierra el acceso al recinto, los conductores de los camiones, sin instrucciones y asustados, buscan lugares de todo tipo para descargar los residuos. El sufrimiento de la población de Abiyán había comenzado.

Treinta mil víctimas de la intoxicación promovieron una demanda contra Trafigura ante los tribunales de Londres, y la fiscalía holandesa demandó a la filial de la empresa que había gestionado la operación en el puerto de Amsterdam. En Septiembre de 2009 los tribunales británicos admitieron un acuerdo entre las partes por el que Trafigura pagó 45 millones de dólares como compensación a las víctimas y el tribunal holandés emitió un veredicto de culpabilidad, pero en Costa de Marfil el gobierno alcanzó un acuerdo con Trafigura para renunciar a cualquier demanda a cambio de una compensación de 195 millones de dólares para llevar a cabo la limpieza y cubrir los daños ocasionados. Los tribunales no resolvieron la situación de las víctimas.

El caso en su integridad no ha podido ser llevado ante ningún tribunal, ya que no existen hoy leyes ni jurisdicción internacional que puedan actuar en un caso cuyas ramificaciones implican a compañías registradas en diversos países.

Todos los detalles del caso están en el informe The Toxic Truth (*) que casi al mismo tiempo que se publica este post presentan conjuntamente Amnistía Internacional y Greenpeace. Un informe que recoge un proceso de investigación largo y complicado, de más de tres años de duración. Después de leer el informe, la pregunta que se impone es: ¿cómo puede suceder algo así?

La respuesta: porque hay empresas que para incrementar sus beneficios buscan los agujeros de la legislación o los países débiles políticamente, así evitan exigencias y controles, puede actuar con impunidad. La cadena de responsabilidad se diluye hacia empresas subcontratadas, como en este caso, con información falseada o incompleta.

Pero las limitaciones de la legislación actual no eximen de responsabilidad a las empresas ni a los estados y mucho menos reducen los derechos de las víctimas. Los Estados deben reclamar a las empresas evaluaciones de impacto y análisis de riesgos, planes de actuación en caso de impactos negativos sobre los derechos humanos y deben promover cambios en la legislación para asegurar que las responsabilidades de las empresas pueden ser exigidas judicialmente.

Hace falta que, en línea con los últimos acuerdos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se desarrollen leyes que permitan asegurar la exigencia de responsabilidad a todas las empresas en todos los lugares del mundo y en todos los casos en que se violen los derechos humanos. Sólo así será posible terminar con la impunidad de empresas como Trafigura y prevenir hechos parecidos a los que en agosto de 2006, en Abiyán, la ciudad más importante de Costa de Marfil, causaron al menos 16 muertos y miles de damnificados.