Justicia recortada

El año judicial, inaugurado ayer como es tradición por el Rey, se ha iniciado con dos condicionantes que agravarán el funcionamiento de la Administración de justicia. De un lado, el órgano de gobierno de los jueces —el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— no se ha recuperado del choque que supuso para su prestigio el uso personal de fondos públicos por su anterior presidente, Carlos Dívar, forzado a dimitir por esa causa. De otro, los recortes presupuestarios, que se aplican en el conjunto de las Administraciones públicas, pondrán nuevas trabas al acceso de los ciudadanos a los tribunales y a su derecho a obtener una respuesta judicial sobre sus demandas.

El ahora presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, no ocultó en su discurso de ayer los posibles efectos negativos de los actuales momentos de austeridad sobre la justicia. Se refirió a ellos poco después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recordara en el suyo al Gobierno que “el agravamiento punitivo” no es siempre la respuesta adecuada a los delitos. Esa, sin embargo, es la respuesta que se ha dado introduciendo la prisión permanente revisable y otras medidas muy graves en el Código Penal.

El órgano de gobierno de los jueces no solo no se ha recuperado de la crisis provocada por Dívar, sino que sobre él pende una reforma gubernamental que supondría su desguace: suprimir la dedicación exclusiva de sus 20 vocales, de modo que seguirían trabajando en sus respectivas profesiones, ocupándose solo de la función institucional en los ratos libres. Se trata de una propuesta descabellada —“una mala idea”, en opinión de Gonzalo Moliner—, que muestra la limitada relevancia que a esta institución le otorga el Gobierno. A esa situación del CGPJ se añaden recortes de sueldos, de medios que afectan al trabajo de los jueces y de servicios dirigidos al ciudadano, como la asistencia letrada al detenido y la justicia gratuita en el proceso penal. Es lógico que los jueces y el personal auxiliar judicial protesten y se movilicen, pero los primeros no deben olvidar que no son simples funcionarios, sino titulares de un poder del Estado, el Judicial, que no puede estar en huelga.