Los Cabildos canarios: cien años

En los tiempos que discurren se banaliza en España su organización territorial. Para algunos, la descentralización abierta por nuestra Constitución supone un lastre. Por poco que se conozca la historia de nuestro país podrá comprobarse la hondura de una de las principales cuestiones que dominaron la política hispana. La estructura de la organización politico-administrativa no surgió por mero accidente. Tiene detrás factores que deben conocerse para, entre otras cosas, acertar con futuras decisiones.

El centenario de la Ley de Cabildos canarios, aprobada el 11 de julio de 1912, constituye una excelente oportunidad para conocer bien el pasado y el presente de las islas. También de una parte de la historia contemporánea española. La Ley de Cabildos fue la primera gran solución normativa que en el siglo XX abordó, con solución singular, el problema de la organización político-administrativa de los territorios españoles. O lo que es lo mismo, en plena efervescencia de los regionalismos y los nacionalismos en la España de principios del siglo XX, con contenciosos tan notables como el catalán, la solución administrativa para Canarias se adelantó a todas la demás respuestas que se irían materializando en los años siguientes, como ocurre con esa misma cuestión de Cataluña. Recordemos que la Mancomunidad de las provincias catalanas se constituyó en abril de 1914.

¿Por qué la cuestión canaria se anticipó a todas las demás? ¿Qué importancia tuvo para que el Gobierno concediera tal prioridad?

Esta Ley centenaria de los Cabildos canarios introdujo un cambio muy importante en la organización politico-administrativa del Archipiélago. La aprobación de la misma se explica por la relevancia de estas islas en el conjunto de la política española durante aquéllos años iniciales del siglo XX. La razón de que Canarias se convirtiera entonces en un asunto de Estado prioritario tiene que ver principalmente con el papel que las islas adquirieron en los horizontes internacionales de aquéllas fechas previas a la I Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la estabilidad política de Canarias se convirtió en fundamental para una España que desde fines del siglo XIX experimentó fuertes pérdidas territoriales, la merma de su entidad en los mapas mundiales y el riesgo de que tal disminución continuara.

A principios del siglo XX, el Archipiélago adquirió la condición de ser una formidable base de operaciones en el Atlántico

Frenar ese peligro y, por el contrario, lograr que el refuerzo de su integridad territorial sirviera para adquirir fuerza internacional se convirtió en tarea primordial para las estrategias de la diplomacia hispana. Entre sus mejores bazas se encontraba el territorio que tras el 98 pasó a ser la frontera más alejada en el Atlántico. Garantizar su seguridad y los equilibrios entre las potencias dominantes en tiempos de la nueva expansión colonial hacia África no era binomio fácil de conjugar. Hoy sabemos que se consiguió y España pasó a formar parte de los países que participaron en la redistribución colonial africana. Entre otras cosas porque garantizó que en los lugares que administraba, las principales potencias no vieran riesgos para sus enfrentados intereses.

A principios del siglo XX, el Archipiélago canario adquirió la condición de ser una formidable base de operaciones en el Atlántico. Era una etapa en la que se imprimía desde Europa un dinamismo nuevo a las comunicaciones y a los intercambios de personas y mercancías. Un nuevo tiempo en el que se colonizaron nuevos espacios o se redistribuyó el dominio sobre otros ya colonizados en África. Las grandes potencias (de modo especial la mayor en el dominio de los mares hasta entonces: Gran Bretaña) ubicaron gran parte de sus intereses en las Islas Canarias. Sin embargo, la revalorización de éstas como enclave estratégico tuvo también sus riesgos. Para España representaba la posibilidad de no estar a la altura de las exigencias que implicaba el poseer un punto de su territorio en tal condición estratégica. No solo en cuestión de defensa ante posibles apetencias externas, sino porque las propias rivalidades entre las potencias extranjeras pudiesen entrañar pugnas ante el control estratégico de Canarias. Todo ello ya se había vislumbrado en 1898 cuando se desató la guerra con Estados Unidos, pero no olvidemos además que en 1914 estallaría la Gran Guerra Mundial y que entre una y otra fecha se sucedieron notables conflictos derivados de la colonización africana en los cuales se vieron enfrentados distintos países europeos. Todos estos riesgos suponían no obstante, bazas de signo inverso. O lo que es lo mismo, si España utilizaba adecuadamente la recobrada importancia del territorio que, tras el 98 se convirtió en su frontera más alejada, podía recuperar de alguna manera su disminuida posición en los juegos internacionales y frenar los propios riesgos de reducción y pérdida territoriales.Por otra parte, si colocando en Canarias una respuesta apropiada a los problemas y demandas que salían del Archipiélago y que se correspondían con sus cambios internos, resultado de las notables transformaciones que experimentó en aquélla etapa, los gobiernos españoles tendrían, además, un ejemplo real y comprobado para dar respuesta administrativa a los múltiples casos que se le abrían por toda la geografía hispana.

Para que tales objetivos tuvieran éxito era preciso introducir cambios en Canarias. Cambios que garantizaran su estabilidad interna y que, desde ella, las islas reforzaran el papel de base principal para los tránsitos y operaciones en las comunicaciones e intercambios internacionales.

Los cambios requeridos exigían una reformulación de la organización administrativa de las islas. Una tarea nada sencilla si recordamos que dicha organización era, desde hacía mucho tiempo, el principal detonante de los conflictos políticos del Archipiélago. Sin embargo, el 11 de julio de 1912 se aprobó una nueva Ley cuyo contenido, pese a lo escueto de su articulado, fue muy amplio y no se limitó solo a la constitución de los Cabildos.

La reordenación fue profunda, modificándose en buena parte la administración judicial, la militar, la de hacienda, obras públicas y fomento, la forestal, comunicaciones y la de instrucción pública

El título de esa Ley es muy expresivo: Ley sobre Organización Administrativa y Representación a Cortes en las Islas Canarias. En ella se crea la figura de los Cabildos Insulares y se delimita su entidad con respecto a la Diputación Provincial. Pero hay mucho más. La Ley aborda cambios en otros ámbitos muy relevantes para la organización administrativa, económica y política de Canarias. La reordenación administrativa fue profunda, modificándose en buena parte la administración judicial, la militar, la de hacienda, obras públicas y fomento, la forestal, comunicaciones y la de instrucción pública. Asimismo, la ley habilitaba al Gobierno para crear delegaciones en el Archipiélago. La Ley incluía por otro lado refuerzos a las franquicias arancelarias isleñas y se desarrollaban zonas francas en distintos puertos así como otras medidas económicas.

En el plano político se otorgaba la representación directa de cada isla ante el Congreso de Diputados, variando su número y garantizando que todas tendrían representantes. Este cambio venía a colmar una de las principales aspiraciones de las islas periféricas y de sus clases dirigentes que habían visto como mermaba el papel económico de los tradicionales graneros de las islas centrales ante la importación de granos más baratos favorecida por los puertos francos.

Junto a todo ello se constituían los Cabildos Insulares, delimitando su ámbito competencial, configurando su base hacendística y remitiendo a un posterior Reglamento la entrada en vigor de lo estipulado en la Ley. El Reglamento se aprobó el 14 de octubre de 1912 y en su contenido se comprobaría el enorme alcance de la remodelación efectuada con la Ley. Los Cabildos creados por aquélla han subsistido hasta el presente pese a la alteración de los sistemas políticos en España.

José Miguel Pérez García es vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias