Respeto a la comisión

La comisión parlamentaria que investiga el fraude de los ERE en Andalucía no podía comenzar con peor pie. La mayor parte de los comparecientes hasta ahora se han negado a responder a las preguntas y solo el último día, cuando han sido llamados altos responsables políticos, la comisión ha podido entrar en materia. Evidentemente, a los convocados les asiste el derecho a no declarar para no perjudicarse, pero podrían haberlo hecho de una forma más respetuosa con la comisión, por ejemplo manteniendo un prudente silencio tras negarse a responder, en lugar de lanzar alegatos autoexculpatorios.

El inicio de la comisión ha vuelto a mostrar la dificultad que entraña la coexistencia en el tiempo de una investigación parlamentaria y otra judicial. Ciertamente debe evitarse que la indagación parlamentaria pueda afectar al derecho fundamental de los acusados a la defensa jurídica, pero ello ha de ser compatible con que la comisión pueda cumplir con su principal cometido, que es dilucidar las responsabilidades políticas del caso.

Lamentablemente, las características de nuestro sistema parlamentario y la instrumentalización partidista de que son objeto impiden que las comisiones de investigación tengan la función regeneradora de las prácticas políticas que han demostrado en otros países. La reciente investigación del Parlamento noruego sobre la actuación de la policía en la matanza de Utoya o la comisión Leveson que investiga en Reino Unido los excesos de la prensa del grupo Murdoch son ejemplos a considerar. Un elemento destaca en las experiencias más exitosas: la garantía de independencia de los miembros de la comisión, bien porque, siendo parlamentarios, han sido elegidos directamente en sus circunscripciones y no deben su escaño al favor del aparato del partido, bien porque el Parlamento deliberadamente encomienda la tarea a personas independientes y de indiscutible prestigio.

Aquí, el interés partidista interfiere con demasiada frecuencia en los procesos de investigación, tanto judicial como parlamentaria. Las comisiones de investigación son utilizadas para desgastar al Gobierno o para echar lastre sobre la oposición, más que para llegar al fondo de los asuntos. Casi siempre, sus conclusiones carecen de efecto porque dependen más de la correlación de fuerzas políticas vigente en la Cámara que del trabajo realizado por sus miembros.

Por estas razones, el uso que se ha hecho hasta ahora de las comisiones de investigación en España es en muchos aspectos decepcionante, pero esta circunstancia no debe llevarnos a la salida nihilista de negar su utilidad, sino a plantearnos muy seriamente cómo asegurar el vigor y la funcionalidad de esta institución. Hay ejemplos en nuestro entorno que deberíamos analizar y, en su caso, emular. Las comisiones de investigación son un instrumento esencial del control parlamentario. Cuando se debilita este instrumento, se debilita la calidad de la democracia.