Gobierna el MoU

El Gobierno ha diseñado una nueva normativa, pendiente de aprobación este mes por el Consejo de Ministros, que refuerza notablemente las capacidades de intervención de las autoridades en las entidades de crédito en dificultades. El decreto ley trata de garantizar una “intervención temprana” en aquellas entidades bancarias potencialmente necesitadas de recursos públicos. Lo hace, esencialmente, siguiendo las estipulaciones del memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU), firmado el pasado julio, en el que se detallan las condiciones de la ayuda europea al sistema bancario español por un crédito de hasta 100.000 millones de euros.

Este memorando se ha convertido en la guía para corregir las carencias, duramente criticadas por Bruselas, del Banco de España en la gestión de la crisis. Ahora será el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) la institución central en las tareas de supervisión y resolución de cualquier anomalía, es decir el propio Ministerio de Economía. El Fondo de Garantía de Depósitos queda igualmente desplazado y su tarea se limitará al apoyo financiero necesario para la resolución de crisis bancarias.

El Gobierno no solo acata las principales directrices del MoU, sino que la transformación del ordenamiento financiero español que ahora acomete pasará a ser pionero respecto de los cambios exigidos en el conjunto de la UE para resolver cualquier crisis financiera, dentro del horizonte de unificación bancaria que se perfila tras la presente crisis económica.

El elemento más importante de esta nueva normativa es la voluntad de minimizar los costes de las crisis bancarias para los contribuyentes. Es de todo punto razonable que así sea, a tenor de la desigual asunción de costes que hasta el momento se ha producido. Los bancos mal gestionados, no solo en España, seguirán recibiendo apoyos con recursos públicos, pero se procura que sean los accionistas y acreedores quienes soporten en primer lugar los costes de la mala gestión, antes de recurrir a los fondos de los contribuyentes.

La nueva reforma financiera que plantea el Gobierno merece una valoración positiva, pero la historia reciente alimenta grandes dosis de escepticismo respecto a su aplicación. Las anteriores reformas no han impedido que al final el sistema bancario español haya sido el primero en tener que ser rescatado por Europa, y lo ha sido a pesar de las escaramuzas verbales del Gobierno y de los conflictos competenciales con el Banco de España. Terminar de una vez por todas con esta interinidad en la gestión de la crisis bancaria más severa en muchas décadas es la condición necesaria mínima para volver a generar crecimiento económico y empleo. Para ello es imprescindible que los bancos recuperen cuanto antes la capacidad para mantener el hoy inexistente flujo de crédito a los restantes agentes económicos.