Reino Unido-Ecuador-Suecia: la crisis del preservativo

La crisis política y diplomática entre el Reino Unido y Ecuador ha marginado momentáneamente a la crisis económica. Para analizarla hagamos, por un momento, abstracción de los ingredientes políticos y personales del embrollo. Un ciudadano australiano de visita a Suecia establece una relación amistosa con una ciudadana sueca que finaliza en la intimidad de un dormitorio. Según la mujer, después de haber compartido sus mutuas apetencias, se quedaron dormidos. En ese trance el varón se desvela y decide renovar sus deseos sexuales mientras la mujer dormía.

Hasta aquí, la versión que la ciudadana sueca manifiesta a una fiscal para que persiga el hecho penalmente. El elemento del crimen radicaba en que, aprovechándose de la duermevela, el varón no se había colocado el preservativo. A la representante del Ministerio Público le pareció que la versión facilitada carecía del más mínimo sustento delictivo y decide archivar la imputación. Entran en escena abogados y policías que aconsejan a la sueca para que presente una denuncia por violación. Otra fiscal decide abrir una investigación preliminar para comprobar lo que era evidente.

Ante la inconsistencia de los cargos aparece otra mujer que le acusa de haberse negado a ponerse el preservativo “contrariando su expreso deseo”. Con estos mimbres Suecia acuerda poner en marcha una demanda de extradición y el Reino Unido decide entregar al varón a la jurisdicción de los tribunales suecos. El Convenio Europeo de extradición exige que la información facilitada para justificar la petición sea suficiente, completa y de contenido inequívocamente delictivo. Ante la respuesta positiva de los tribunales ingleses podemos razonablemente preguntarnos: ¿hubiera entregado el Reino Unido a un ciudadano británico reclamado por hechos semejantes?

Suecia no alega ninguna otra infracción. Ahora bien, a nadie se le escapa que lo que está en juego es mucho más que una ofensa sexual. El sistema judicial inglés demostró una gran sensibilidad y finura jurídica en el caso Pinochet. Sus jueces no pueden ignorar que, según las previsiones del Convenio Europeo, no se permite la extradición cuando existen razones fundadas para creer que la solicitud, camuflada bajo un delito común, se ha presentado con el fin de perseguir a una persona en consideración a razones políticas.

Suecia está adoptando un penoso papel en esta historia

Volvamos a la realidad y detengámonos en los personajes y en los elementos componentes de este embrollo. El protagonista es Julián Assange, dueño y fundador de Wikileaks, que ha difundido informaciones reservadas que afectan a las actividades del Pentágono y del servicio exterior norteamericano. El Estado al que afecta la información de manera directa es, ni más ni menos, que los Estados Unidos de Norteamérica. Los comparsas, Suecia, el Reino Unido, las ciudadanas suecas y la fiscal escandinava. A última hora y de manera imprevista, entra en escena la República de Ecuador que introduce un factor multilateral en el enredo.

Si EE UU considera vulnerada su seguridad nacional deben reclamar directamente a Julián Assange, sin valerse de intermediarios. Calificar la difusión de los documentos como un delito de traición es más que discutible. Tendrán que explicar a una parte de su sociedad por qué rompen la interpretación de la Corte Suprema sobre el valor de la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión e información. La Corte declaró la licitud e incluso la conveniencia de que los ciudadanos norteamericanos conociesen el contenido de los Papeles del Pentágono sobre la intervención, inicialmente subrepticia, en la guerra del Vietnam. Deberán desautorizar al presidente Kennedy que proclamó el compromiso del Gobierno de facilitar información auténtica y transparente sobre la cosa pública, tratando a los ciudadanos como adultos responsables. Por último, no pueden seguir ocultando las condiciones de internamiento del soldado Manning ni las violaciones de sus derechos constitucionales.

El derecho a recibir información veraz es un pilar básico de una sociedad democrática avanzada. La reacción de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana revela que las bases fundacionales de la nación se están debilitando.

Suecia está adoptando un penoso papel en esta historia. Nadie cuestiona su sistema judicial pero se puede desconfiar razonablemente de la politización de algunos sectores de la Fiscalía. Si quieren juzgarle por agresión sexual tienen la obligación de asumir solemnemente el compromiso de no extraditarlo a EE UU. La verdad es que, en el caso de que el juicio llegara a celebrarse, nos depararía momentos escabrosos e interrogatorios subidos de tono. El debate sobre el preservativo será un elemento insoslayable.

El Reino Unido es por lo menos sospechoso de actuar como intermediario de los intereses de EE UU. La torpeza del diplomático británico que amenazó con entrar por la fuerza en la embajada ecuatoriana desató las justificadas protestas del gobierno suramericano y de la OEA con la excepción de Canadá, EE UU y la exótica aportación de Trinidad- Tobago.

Si Suecia retira la petición de entrega o celebra el juicio con un posible resultado absolutorio la intriga se desvanece y habría que urdirla con nuevos materiales. En este tinglado de la antigua farsa faltan personajes. Se escuchan voces escandalizadas ante el mutismo de un actor que debería tener un papel estelar en el reparto. Julian Assange es un ciudadano australiano, aunque algunos pudieran pensar que es un apátrida.

José Antonio Martín Pallín. Abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Gimebra).