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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Rumanía, varada

El fallido referéndum para destituir al presidente señala el descrédito de la élite política

El presidente rumano, Traian Basescu, ha sobrevivido al referéndum sobre su destitución promovido por el primer ministro Víctor Ponta, acérrimo enemigo político. La participación no ha alcanzado el 50% fijado por el Tribunal Constitucional para su validez. Pero ni el resultado de la consulta (la gran mayoría del 46% que se ha pronunciado lo ha hecho contra el presidente) ni la arrogancia del jefe del Ejecutivo al declarar ayer que Basescu ha perdido su legitimidad y pedir su dimisión, auguran nada bueno para Rumanía, paralizada políticamente y en riesgo de ver comprometido un vital préstamo de 5.000 millones de euros del FMI.

Como antes Hungría bajo el derechista Orban, Rumanía se ha embarcado aceleradamente de la mano del socialdemócrata Ponta, llegado al Gobierno en mayo, en una escalada antidemocrática en busca del control total del poder que ha alarmado en Bruselas. El fallido referéndum del domingo no ha resuelto la gravísima pugna entre las dos máximas instituciones, sino que la traslada, crecida, a las elecciones parlamentarias de noviembre. Su resultado, en contra de la lectura interesada de los antagonistas, refleja ante todo el hartazgo de los rumanos con la élite de una clase gobernante de la que desconfía profundamente y que no responde a las acuciantes necesidades democratizadoras y de reforma económica del antiguo país comunista.

El conservador Basescu, reelegido en 2009 por cinco años, ha perdido el favor de sus exhaustos compatriotas tras apoyar sin resquicios las drásticas recetas a Bucarest de sus prestamistas internacionales. Pero las reglas del juego exigen el veredicto de las urnas, no la directa expulsión del cargo que Ponta pretende y para cuya consecución no ha escatimado medios inadmisibles. El ataque gubernamental a las instituciones incluye presiones y amenazas a jueces, la sustitución por acólitos de relevantes cargos públicos (incluidos los presidentes de ambas Cámaras), la limitación por decreto de las funciones del Tribunal Constitucional o el cambio in extremis de las reglas del referéndum presidencial rumano.

Las beligerantes declaraciones de Víctor Ponta ayer no auguran un cambio de actitud, pese a sus promesas en Bruselas. Por eso exigen de la UE una enérgica llamada a capítulo, pese a lo menguado de sus mecanismos de presión sobre los socios que se apartan de la senda democrática.

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