Máxima transparencia

Carlos Dívar bajó ayer el telón del espectáculo ofrecido por una alta autoridad presuntamente cogida en falta, que se resistía a extraer las consecuencias adecuadas. Alegaba no tener conciencia de haber hecho algo malo por cargar al erario una serie de gastos por 32 viajes de fin de semana; pero la ciudadanía lo ve de otra forma y, naturalmente, la protección del interés de la institución está por encima del interés particular de su presidente.

Lo que había comenzado como una exigencia de responsabilidades planteada por una minoría del Consejo General del Poder Judicial —que la Fiscalía del Estado bloqueó en la vía judicial— se ha convertido, al cabo de poco más de un mes, en una retirada de la confianza por parte de la mayoría de sus compañeros. Antes de verse destituido por ellos, Dívar ha tenido el gesto digno de renunciar a la doble presidencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Se plantea ahora la cuestión de nombrar otro responsable y de restablecer el prestigio de la institución, cuya existencia como órgano de gobierno de los jueces, su número de miembros y su carácter de poder del Estado derivan de la propia Constitución. Es importante acertar con el relevo, porque está en juego el deterioro de la calidad del servicio prestado por miles de jueces y magistrados, cuya imagen se ha visto injustamente contaminada por el comportamiento de su máxima autoridad.

Algunos sectores atribuyen los problemas a la politización del órgano de gobierno de la judicatura, y abogan por volver al nombramiento por los jueces de todos o la mayoría de los vocales. Pero esa propuesta implicaría el regreso al modelo corporativo, sin garantía de mejora respecto al resultado arrojado por la actual designación parlamentaria. Desde el Ministerio de Justicia se ha apuntado también reducir a cinco los miembros de plena dedicación del órgano, y que los otros 15 sigan ejerciendo como jueces o fiscales, lo cual puede situarles en la tesitura de tratar en el Consejo cuestiones relacionadas con su actividad cotidiana o la de compañeros con los que comparten los tribunales a diario. El problema es lograr que se dediquen precisamente al gobierno de los jueces, y solo a eso.

En todo caso, la crisis causada por los gastos de Dívar no tiene que ver con politizaciones, sino con la opacidad de los modos de actuación. Las actividades del presidente de la institución, como las de sus demás miembros, han de ser transparentes y someterse a una estricta rendición de cuentas. Lo decisivo es encontrar a una persona que realmente se ocupe de dirigir al Consejo en la búsqueda de la calidad del servicio público de la justicia, de agilizarla y de potenciar los medios a disposición de jueces y magistrados. Todo ello bajo el criterio de que la transparencia es el antídoto más seguro contra desviaciones o corruptelas, en el Consejo del Poder Judicial y en las demás instituciones.