Presupuestos: otro paso atrás en igualdad

Restrictivos, austeros, drásticos, dolorosos, críticos... Los Presupuestos Generales del Estado son todo eso, incluso a juicio del Gobierno. Pero también son regresivos para la igualdad entre mujeres y hombres, según ha denunciado más de una veintena de asociaciones de mujeres en un manifiesto registrado en en el Congreso. Y eso que el informe de impacto de género de las cuentas públicas sentencia: "el impacto de género de estos presupuestos con relación a la reducción de las desigualdades es POSITIVO". Así, con mayúsculas y en la página 477.

Los argumentos de las asociaciones para advertir de la marcha atrás son de distinta índole. Por un lado, la rebaja de fondos para la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género -a través de la Delegación del Gobierno que tiene ese cometido-. Ascienden a 61,5 millones, o lo que es lo mismo, descienden en un 20,6% este año. Se trata de una caída superior a la media del gasto público. Pero la cosa no se queda ahí.

Los firmantes, entre los que figuran la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, el Área Federal de Mujer de Izquierda Unida, la Comisión para la Investigación contra los Malos Tratos a Mujeres o el Fórum de Política Feminista, recapitulan: "En año y medio hemos pasado de tener un Ministerio de Igualdad a una Secretaría de Estado de Igualdad y, ahora, a una directora del Instituto de la Mujer a tiempo parcial, que simultanea las políticas contra la discriminación de las mujeres, el 50,7% de la población, con las dirigidas a otros colectivos". Y van más allá: "No solo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen, por acción o por omisión a las mujeres ". Y ahí cargan las tintas.

A tenor del manifiesto, entregado días atrás, el Informe de Impacto de Género de los Presupuestos Generales del Estado, está mal hecho. Ese análisis, obligatorio en todas las leyes, debe medir el impacto de cada normativa sobre los hombres y las mujeres. Sin embargo, el de las cuentas públicas "afirma irresponsablemente que, pese a los recortes en el gasto social, tendrá un impacto 'positivo' en la reducción de las desigualdades de género", entre otras cosas. Y es de manual que el gasto público, sobre todo en cuidados -dependencia- y atención a la infancia -escolarización de menores de tres años, por ejemplo- es el principal aliado para el avance de la igualdad, porque descarga a las mujeres y les facilita pelear por un trabajo remunerado.

La elaboración de los informes de impacto de género, una obligación legal desde 2003, dista mucho de ser la correcta. Así lo pone de manifiesto la investigadora Juana María Gil Ruiz, que acaba de ganar el premio de investigación Ángeles Durán, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. En su trabajo galardonado, Las nuevas técnicas legislativas en España. Los informes de evaluación de impacto de género, pasa revista a los múltiples fallos de estos análisis y advierte del riesgo: si los informes de impacto están mal hechos, su mera existencia puede convertirse en la coartada de una igualdad inexistente.

El manifiesto también recuerda que, nada más presentar los presupuestos en el Congreso, el Gobierno ha anunciado un recorte millonario en educación -3.000 millones menos- y sanidad -7.000-, que incidirá especialmente en las mujeres. Los recortes educativos afectan a la contratación de profesores -mayoría de mujeres-, entre otras cosas. Y los sanitarios obligan a los jubilados a pagar parte de los medicamentos -las pensiones femeninas son inferiores a las masculinas-, por ejemplo.

"Los presupuestos contribuirán a la reproducción de la desigualdad y la violencia hacia las mujeres", vaticinan las asociaciones. Pero estas cosas no computan en el déficit público.