Derecho limitado

En nombre de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de Mariano Rajoy le ha arrebatado su propia naturaleza. La asistencia sanitaria pública era un derecho universal desde 1986 de “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español”. Ahora, con el real decreto aprobado por el Gobierno, es un derecho solo para “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”, una condición que impone el texto normativo publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado y que deja en entredicho los desmentidos oficiales de ayer de la propia ministra de Sanidad Ana Mato, empeñada en negar la evidencia.

La Ley General de 1986, que ayer cumplió justamente 26 años, fue una importante conquista social. Su aplicación ha llevado años y aun hoy hay flecos pendientes para cumplir con una norma clave del desarrollo del sistema sanitario español y que establecía que la salud debía estar “orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deroga el espíritu de aquella ley dejando sin cobertura a algunos colectivos —inmigrantes en situación irregular— y, como mínimo, complica el acceso al sistema a otros —mayores de 26 años no cotizantes y divorciados sin ingresos—.

Resulta difícilmente explicable que el Gobierno haya utilizado un real decreto presentado como una batería de medidas de ahorro para acometer un cambio de tal profundidad. Un cambio que, según proyecta el Ejecutivo, ni siquiera se someterá al amplio debate parlamentario que le correspondería. A falta de un desarrollo reglamentario posterior, lo cierto es que el texto legal parece abrir la puerta a un modelo distinto, lleno de inquietantes interrogantes. Sanidad debería explicar qué pasará el 1 de septiembre con los inmigrantes irregulares sometidos a un tratamiento grave o qué requisitos se pedirá al joven que, al cumplir los 26 años sin haber cotizado, tenga que renovar su tarjeta sanitaria. Tras la afirmación de Mato de que “nadie quedará sin cobertura” hay ahora una base legal más endeble. No cotizar a la Seguridad Social sin ser parado, pensionista, ganar por debajo del salario mínimo o disfrutar de una prestación periódica deja fuera del sistema al ciudadano. Y si todo siguiera como hasta ahora como dice Mato, mejor se hubieran ahorrado en el nuevo texto tanto condicionante.

Aun más inexplicable resulta tal cambio si se tienen en cuenta los escasos ahorros que conlleva; muy por debajo de lo estimado por la propia ministra, que los cifró en 500 millones mientras cálculos profesionales los sitúan en menos de la mitad. Lo mismo sucede con el medicamentazo —165 millones de recorte según el ministerio—, parte sustancial del decreto y que va a suponer un esfuerzo especial para los pensionistas y enfermos crónicos. Se eleva el copago en los términos en que se anunció la semana pasada, pero en el real decreto se les penaliza más de lo esperado al establecer un sistema de reembolso que va a obligar a adelantar el dinero al sistema sanitario incluso durante seis meses: un auténtico abuso con los más necesitados de medicinas y usuarios de traslados no urgentes y otras prestaciones.

El real decreto, por último, apuesta su mayor capacidad ahorradora a una nueva vuelta de tuerca para los laboratorios farmacéuticos y aprovecha para exigir a las comunidades autónomas el equilibrio presupuestario antes de ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en las carteras comunes establecidas. En tales preceptos se amplía el poder del Estado para controlar a las comunidades autónomas con un tufillo de recentralización que puede ser más ideológico que pragmático.