Litoral en retroceso

El Gobierno ha anunciado su intención de reformar la Ley de Costas y los primeros mensajes emitidos hacen temer una peligrosa relajación en los mecanismos que esa norma estableció para frenar los desmanes urbanísticos en el litoral español. Aquella Ley de 1988 fijó la obligación de delimitar las zonas consideradas de dominio público, prohibió la construcción en las mismas y permitió la existencia de edificaciones previas como concesiones estatales durante un plazo de 30 años (prorrogables hasta 60) antes de acabar con ellas.

El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aludió en una de sus primeras comparecencias como ministro a la necesidad de compatibilizar la norma con el desarrollo económico y anunció el alargamiento de las concesiones. En las siguientes semanas, su departamento ha desgranado otras razones. Un reciente informe ministerial habla de la arbitrariedad con la que se ha hecho el trazado de los deslindes (delimitación de zonas públicas) durante estos años y de la “inseguridad jurídica” que ha generado en propietarios de construcciones que eran legales antes de 1988.

La Ley de Costas nació con la vocación de poner freno al urbanismo desaforado que ha devastado el litoral, invadiendo sin piedad playas, dunas y marjales. Las dificultades para aplicarla han sido enormes, hasta el punto de producir una división interna en el PSOE, partido que la impulsó. Se ha deslindado el 95% de la costa y se han afrontado los pleitos de los afectados, ganados en su mayoría por la Administración, así como un recurso ante el Constitucional, que avaló la ley.

No es casualidad que el PP dejara intacta una norma legal que no le gustaba durante su primera etapa en el poder (1996-2004) y que, sin embargo, arremeta ahora contra ella. Dentro de seis años, en 2018, caducan muchas de las concesiones y, en consecuencia, el Gobierno de turno debería gestionar el desalojo de cientos de propiedades. La intención del partido gobernante de echar marcha atrás no es una buena noticia y no solo para el medio ambiente. A corto plazo puede reportar ventajas económicas, pero el deterioro del litoral español también es una seria amenaza para la industria turística a largo plazo. Reformar la norma será la tabla de salvación de muchos negocios privados que ocupan suelo público, pero generará más inseguridad jurídica al perjudicar injustamente a los que ya cumplieron con ella.

Con este proyecto, el Partido Popular demuestra una táctica cortoplacista y un escaso respeto hacia lo público. Arias Cañete no es el titular de Economía, sino de Medio Ambiente y como tal sería más esperable que se esmerara en una mejor aplicación de una ley que, lamentablemente y debido en ocasiones a la presión de las autoridades locales, ni siquiera ha logrado evitar nuevas construcciones en un litoral comido por el ladrillo.