Indemnizaciones para las madres discriminadas en EE UU

La discriminación contra las mujeres embarazadas sigue siendo un grave problema en las empresas de Estados Unidos, según reveló recientemente una agencia del Gobierno federal norteamericano encargada de garantizar la igualdad de oportunidades entre los empleados norteamericanos. En una década, esa agencia, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ha culminado 52.000 investigaciones sobre casos de mujeres embarazadas, indemnizando a muchas de ellas con un total de 150 millones de dólares.La llamada Ley de Bajas Familiares y Médicas, de 1993, estipula que las mujeres que trabajen para empresas que contraten a 50 personas o más, y que lleven en la compañía más de un año, con jornadas iguales o mayores a 25 horas semanales, pueden disfrutar de 12 semanas de baja maternal, sin sueldo. La ley garantiza que la madre recibirá el mismo puesto de trabajo y el mismo sueldo cuando se reincorpore. Entre los casos más comunes de discriminación contra mujeres embarazadas se encuentran, precisamente, las bajas impagadas forzosas. Una mujer puede querer trabajar más tiempo, pero el empleador puede forzarla a tomarse ese permiso contra su voluntad. La agencia gubernamental también cuenta entre los casos de exclusión los despidos improcedentes. Según esa misma agencia, esos casos de discriminación se dan, sobre todo, en los puestos de trabajo peor pagados.

El Congreso norteamericano aprobó en 1978 una enmienda a la Ley de Derechos Civiles por la cual protegía a las embarazadas en el mundo laboral. A las empresas se les prohíbe despedir o rechazar la contratación a las embarazadas por el hecho de estarlo. Otras provisiones que recoge esa ley son las de garantizarles a las mujeres encintas todos los derechos de los que gozan los demás empleados, incluidas las pólizas de seguro médico y los días de baja estipulados por ley. Según explica la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la discriminación por motivos de embarazo, por parto o por condiciones médicas relacionadas con él constituye discriminación ilegal por género, bajo el Título VII, que cubre a las empresas con 15 o más empleados, incluyendo gobiernos estatales y locales. El Título VII se aplica también a las agencias de empleo y organizaciones laborales, así como al gobierno federal. Las mujeres que están embarazadas o están afectadas por condiciones relacionadas con el embarazo deben ser tratadas de la misma manera que otros solicitantes o empleados con habilidades o limitaciones similares.

De momento, sólo siete Estados, de los 50 que conforman el país, han aprobado leyes para definir el embarazo como una discapacidad temporal y para que las empresas ofrezcan la mayor cantidad posible de facilidades a las mujeres encintas: descansos frecuentes para usar el baño, apartarlas de labores que requieran fuerza física o cambiarles sus responsabilidades, por otras que requieran menos esfuerzo, hasta que den a luz.

A nivel federal, sin embargo, el embarazo no se trata como una discapacidad temporal, por lo que sigue habiendo vacíos legales que permiten la discriminación contra las mujeres de forma indirecta. La agencia responsable recibe miles de demandas al año. En 2008 llegó a tramitar 6.300. En 2011, esa cifra decreció hasta los 5.800. Aun así, son números mayores que los registrados hace una década: en 2000 hubo sólo unas 4.000 demandas.