Pruebas y sospechas
La sanción al ciclista Contador demuestra la descoordinación en la legislación antidoping
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha castigado con dos años de sanción a Alberto Contador, además de otras penas (pérdida del Tour de 2010 y del Giro de Italia de 2011), debido al positivo por clembuterol detectado en 2010. El cuadro de sanciones, que puede agravarse con una multa de casi 2,5 millones, ha sido recibido con desagrado por diversas autoridades deportivas y por muchos ciclistas, retirados o en ejercicio, debido a la percepción de que el tribunal no ha conseguido demostrar el presunto dopaje del corredor. El impacto de la sanción sobre el ciclismo es devastador. No solo pone en duda la trayectoria del mejor corredor de la década, sino que, por elevación, cuestiona toda una época del ciclismo, tocado ya de gravedad después de la llamada Operación Puerto.
La sentencia se acoge formalmente al reglamento. En casos de dopaje, la justicia deportiva se basa en el principio de que la presencia de una sustancia prohibida en el organismo de un deportista ya es prueba de uso de sustancias dopantes. Por tanto, debe ser el deportista señalado el encargado de probar su inocencia. Para el TAS, Alberto Contador no ha conseguido demostrarlo y por esa razón ha sido sancionado.
En todo caso, parece evidente que el caso Contador se ha gestionado políticamente con torpeza. Hay que recordar que la federación española quiso imponerle un año de sanción, recomendando después atenuantes. La UCI (Unión Ciclista Internacional) y la Agencia Mundial Antidopaje lo habrían aceptado: pero Contador exigió un veredicto de inocencia. El presidente Zapatero proclamó que “no hay razones para sancionar a Contador”. La decisión de la federación española (muy presionada) de absolver totalmente al ciclista provocó la respuesta visceral del TAS y de la UCI, convencidas de la parcialidad del dictamen.
El dopaje en el ciclismo y en todos los deportes debe ser perseguido con toda la intensidad que permita la ley. Pero con leyes coherentes. El caso Contador transmite una sensación de caos y arbitrariedad que arruina cualquier viso de seriedad. Sobre los mismos hechos, mientras un organismo absuelve (la federación española), otro castiga con la sanción máxima. Mientras unos ciclistas sorprendidos con sustancias dopantes en su organismo retienen sus trofeos y maillots, otros los pierden. Pese al laberinto legal, la sanción a Contador y sus reacciones demuestran que en España hay una mirada más tolerante que en el extranjero sobre el dopaje.
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