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La juez del caso Uxotegi exige a Izagirre que le remita la información requerida

El Ayuntamiento donostiarra confirma que ya ha envíado a los juzgados los documentos exigidos

El juzgado que instruye el caso Uxotegi, la casa ocupada el pasado 24 de septiembre por un grupo de jóvenes ligados a la izquierda abertzale en la Parte Vieja de San Sebastián, ha exigido al Gobierno municipal de Bildu que le remita "de forma inmediata" la documentación que le reclamó el pasado día 17 sobre este asunto. En una providencia, fechada el 28 de noviembre, la magistrada rechaza la petición que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, le hizo el pasado jueves para que accediera a ampliar el plazo de cinco días con el que contaba el consistorio para reunir los documentos requeridos. El Ayuntamiento ha confirmado que ya ha enviado a los juzgados la información exigida.

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El juzgado había pedido que se le aportara los informes policiales, las grabaciones de lo sucedido, la identificación de los "agentes que pudieron intervenir" y las "diligencias policiales llevadas a cabo" que "permitan esclarecer los hechos ocurridos", así como los nombres de sus posibles autores. Izagirre había solicitado al juzgado que prorrogara el plazo para remitir toda esta información, alegando que aunque la solicitud del juzgado había llegado por fax al consistorio el 17 de noviembre a mediodía, "dentro de la organización interna del Ayuntamiento", el requerimiento no estuvo en sus manos hasta el día 24.

En esa misma fecha, la Alcaldía cursó orden a la Guardia Municipal para que le remitiera "toda" la información sobre la citada ocupación pero, según la explicación que aquel mismo día envió al juzgado, la Policía Local respondió que resultaba "imposible" hacerlo inmediatamente, motivo por el que reclamó una ampliación del plazo.

La providencia judicial conocida hoy considera, no obstante, que "no ha lugar a la prórroga solicitada" por el alcalde, al que insta a "presentar la documentación requerida de forma inmediata". Esta providencia, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles, se conoce después de que el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián decidiera crear ayer una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas de este caso, con los votos favorables de PP, PNV y PSE y la abstención del equipo de Gobierno de Bildu.

Los trabajos de esta comisión ser llevarán a cabo de forma paralela a las pesquisas que ya desarrolla por la vía penal el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital guipuzcoana. En esa sede judicial ya han declarado dos de los presuntos okupas y el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, así como la hija de éste, quien deberá volver a comparecer ante la autoridad judicial competente en materia de menores.

Ibazeta prestó declaración el pasado viernes, después de que su nombre apareciera citado en un informe de la Guardia Municipal como la persona que "estuvo el día 24 al frente de esta ocupación" y que, cuando los agentes iban a actuar "se identificó con una tarjeta de visita en la que figura su cargo en el Ayuntamiento". Por el contrario, el Gobierno Municipal mantiene que intervino como "interlocutor" entre policías y okupas.

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