El alcalde de Manises logró poderes casi absolutos en la sociedad pública Emarsa

El juez que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad de depuración del área metropolitana de Valencia, ha notificado hoy la imputación del alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.

El juez Víctor Ríos destaca en el auto que Crespo, en su calidad de presidente y consejero delegado de Emarsa consiguió que el consejo de administración de la empresa pública que controlaba con holgura le concediera "amplísimos" poderes: "Representar a la sociedad ante cualquier persona o entidad, administrar bienes muebles e inmuebles, ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones, constituir, modificar, ceder y extinguir contratos de todo tipo, constituir, reconocer, aceptar, pagar y cobrar deudas y créditos, disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar respecto de toda clase de bienes muebles e inmuebles..."

Ríos también pone de relieve la sospechosa elección de Crespo de Esteban Cuesta, también imputado en la causa, como gestor de Emarsa. El alcalde de Manises eligió a un enfermero, que sigue siendo dirigente del PP de Valencia, sin ninguna preparación para el cargo, incapaz dice, de entender lo que era un "pagaré".

El futuro judicial de Crespo era complicado desde que Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, dirigente local del PP en Valencia y ya imputado en la causa, empezó a declarar ante el juez el 7 de octubre. Cuesta responsabilizó a Crespo de ser el instigador del saqueo de Emarsa, que fue disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros después de pagar cantidades millonarias por servicios y suministros falsos. El exgerente responsabilizó a Crespo de imponerle la contratación de empresas ahora investigadas y de cargar la compra de artículos de lujo a las arcas de la sociedad pública.

El exgerente, enfermero de profesión contó ante el juez que Crespo le explicó, al llegar a su nuevo despacho, que no podía tocar a ninguno de los cargos directivos de la entidad. En otras palabras, debía dejar que el sistema siguiera funcionando como hasta entonces.

A medida que avanzaba su declaración (que duró más de 24 horas repartidas en varias jornadas), Cuesta fue implicando más a Crespo. El exgerente afirmó que el alcalde de Manises le decía con quién contratar; le daba órdenes de pagar a las firmas ahora investigadas cuando había retrasos, y le impuso la contratación de cuatro personas (tres vinculadas a Manises y la cuarta, concejal del PP en Moncada) que nunca trabajaron para Emarsa y solo pasaban por allí para cobrar. Cuesta también declaró que era el vicepresidente de la Diputación quien elegía y a veces compraba personalmente los artículos de lujo (de marcas como Loewe o Montblanc) que se abonaban con dinero de la sociedad pública. A la vista de esas declaraciones, la fiscal del caso pidió al juez la imputación de Crespo.

Faltas a la verdad

El alcalde de Manises insistió ayer en su inocencia y su confianza en la justicia. La imputación, afirmó, "será la mejor manera de defenderme de las reiteradas faltas a la verdad que el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, profiere en cada una de sus declaraciones". "Que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y constantemente lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave", agregó.

El portavoz socialista en la Entidad de Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marín, consideró ayer que el alcalde de Manises "ha sido por acción u omisión el principal responsable del saqueo de la depuradora". "Son dirigentes de su propio partido en la ciudad de Valencia, como Esteban Cuesta, los que sin ser desautorizados le están señalando directamente todos los días como el responsable de lo sucedido en [la planta de] Pinedo". "Hace tiempo que tendría que haber dimitido", concluyó Marín.