Acoso y Dorribo

Basándome en mi dilatada experiencia profesional, aunque de limitada trayectoria, de cada 100 trapisondas de nuestra clase dirigente que llegan a oídos de los periodistas, calculo que se llegan a publicar 10. De esas, solamente una acaba en los tribunales. El porcentaje de fallos judiciales se me escapa porque la gran mayoría de los que vi instruirse siguen en ello o en alguna otra nebulosa procesal, pero no arriesgaría mucho si opinara que los condenados son, como nos consuelan en los documentales de naturaleza, los más débiles o torpes de la manada. Todo este preámbulo es para dejar claro que hay cosas y casos que me pueden sorprender, pero lo que es fiarme, o en frase hecha célebre en ocasión semejante, poner la mano en el fuego por algún político, nunca o casi nunca. Pero hay límites, judiciales, políticos e informativos que no se deben atravesar. Y en la Operación Campeón creo que se han atravesado.

En una sociedad con muy escasos controles reales —administrativos, contables, judiciales e incluso ciudadanos— sobre las élites políticas y económicas, es de aplaudir que se investiguen más delitos que aquellos que se cometen con palanqueta o navaja. Pero se me escapa la procedencia de que unos altos cargos de la Xunta imputados —sin que sepa de qué, y de momento no acusados—, pasen unos días en el calabozo, cuando de lo que se trata es de intervenir papeles. (Aunque si, meses después, el principal acusado, Jaime Dorribo, comparece en el juzgado con parecida ostentación documental a cuando los Presupuestos del Estado se presentaban en papel, la incautación no debió de ser exhaustiva).

De igual manera, al ministro de Fomento, José Blanco, le acusan por haber mantenido con el empresario una cita en un área de servicio, aunque sin consecuencias (adjudicatorias). Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, otros le reprochan haber recibido al mismo sujeto en su despacho, pero esta vez con consecuencias (también adjudicatorias). Si introducimos una tercera variante, la reunión, también al aire libre, del entonces vicepresidente Quintana con otro empresario, con consecuencias adjudicatorias, pero años después, tenemos casuística para desarrollar una completa hamartiología (estudio del pecado) política: ¿Qué es más grave: reunirse en un despacho y dar, o al aire libre y no dar? ¿Dar inmediatamente en el despacho o dar en descubierto con demora? ¿La circunstancia concurrente de descampado es agravante, como en el Código Penal?

Sinceramente, en el caso que nos ocupa, no sé por qué Blanco y Feijóo tienen que disculparse por reunirse con alguien, a cubierto o no, si ignoraban que desarrollaba actividades que lo llevarían a la cárcel. A mí me parece más injustificable esa accesibilidad a los despachos políticos que tienen los empresarios para contar su caso, y de la que carecen los colectivos afectados por las medidas que se adoptan en esos despachos. (The Guardian publicó un informe sobre las reuniones de los 10 primeros meses del gabinete Cameron: 1.537 con empresas, 1.409 con organizaciones comerciales o grupos de intereses, 830 con organizaciones benéficas, 130 con sindicatos). Y ya decidirá la justicia si las ayudas a Dorribo fueron concedidas legalmente o no, pero aun con sentencia absolutoria, no concibo una subvención a fondo perdido de un millón de euros a un grupo empresarial, salvo que fuese para el empujón investigador final a la vacuna contra el sida o la malaria u objetivo similar. (En ese contexto, la reciente declaración del conselleiro de Industria de que el Igape "movió 1.200 millones de euros de ayudas públicas en los dos últimos años" es como para persignarse).

Y sobre las secuelas de la Operación Campeón originadas por las virtudes canoras del exempresario modelo Dorribo (las acusaciones de haber dado dinero a representantes de todos los partidos), el verdadero e higiénico debate político posterior debería ser sobre las medidas para que el patrimonio de los cargos públicos sea transparente, y más escrupulosamente fiscalizado que el de cualquier otro ciudadano. Siempre y en todo momento, y no si y solo si salta un nombre en una presunta corrupción. Esa declaración de bienes que han hecho en las Cortes y van a hacer en el Parlamento gallego, que nos han vendido como un ejercicio extremo de transparencia rozando la hernia del derecho a la intimidad, se parece más a una redacción escolar sobre qué te han traído los reyes magos que una declaración fiscal como debe ser (aunque en las redacciones escolares se vigila la ortografía, y en su declaración de bienes una diputada escribió "compativilidad").

En resumen, en lugar de un ejercicio de transparencia y de higiene democrática, lo que hay es un espectáculo de lucha en el barro al que la clase política se suma con entusiasmo porque se retransmite. En esto deberíamos imitar a los norteamericanos. Si es posible, a Edward Kennedy, que decía que en política pasa como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto, está mal. Y si no, al menos a Groucho Marx, que advertía que el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, y si puedes simular eso, lo has conseguido.