La juez de los ERE accederá a las actas de la Junta

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que podrá acceder a las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001. El Ejecutivo andaluz había planteado un conflicto de jurisdicción ante el Supremo después de que la magistrada exigiera acceder a las actas de la última década donde se recoge todas las decisiones del Gobierno andaluz. Finalmente, tres meses después de plantear el conflicto, el alto tribunal da vía libre a la juez para que investigue con total libertad las actas de la Junta.

"No es procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos", reza la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo. Los seis jueces dejan abierta la puerta a que la Junta excluya "fundadamente", ciertas actas que considere se refieren a materias reservadas de las decisiones tomadas en los Consejos de Gobierno.

El fallo tumba las alegaciones de la Junta contra la decisión de Alaya y además recuerda que ya la Audiencia Provincial de Sevilla dio la razón a la juez. "La eventual existencia [de opiniones y apreciaciones con carácter secreto] no autoriza a atribuir a las mismas un carácter reservado que no tienen y negar su remisión, pero sí a hacer valer esa circunstancia por el Consejo de Gobierno y denegar, fundadamente, la remisión de ese concreto contenido impropio de las actas, en los términos que luego se expondrán", detalla la sentencia.

La juez Mercedes Alaya dictó un auto este verano por el que dejaba en manos del Supremo la decisión última de si podía acceder a las actas de todos los Consejos de Gobierno de la Junta desde 2001 e incorporarlas a su investigación en el caso de los ERE. Alaya exigió al Ejecutivo andaluz las actas porque consideraba que carecen "del carácter secreto o reservado" que estipula la Ley de Gobierno de la Comunidad. Pero la Junta se negó y Alaya planteó un conflicto de jurisdicción. La juez estimaba que solo las deliberaciones eran reservadas y que el contenido de las actas es imprescindible para determinar si hasta la mesa de la Junta llegaron los reparos de la Intervención General sobre el procedimiento seguido para tramitar los 647 millones en subvenciones públicas concedidos a los ERE.

Al igual que la Junta, la Fiscalía del Supremo sostuvo que la información de las actas es reservada en virtud de la Ley del Gobierno. El fiscal Luis Navajas remitió un escrito a la Sala de Conflictos de Jurisdicción en el que opinaba que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamación de las actas porque "estaría invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuación "al margen del principio de proporcionalidad".

El fiscal consideraba que las actas deben ser consideradas "materia reservada" basándose tanto en la Ley e Gobierno de la Comunidad como en la Ley de Secretos Oficiales. "Únicamente podrán hacerse públicos en la forma y en el momento", subrayaba el ministerio público.

Tras su entrega y depósito en un armario de seguridad de los juzgados sevillanos, la Junta recuperó las actas el pasado julio tras un auto de la Audiencia Provincial. Alaya expresó la pasada primavera su temor a que las actas "pudieran alterarse", pero el tribunal consideró que no estaba justificada la desconfianza hacia la obligada custodia del Ejecutivo andaluz.