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Una anarquista acepta ocho años de cárcel por enviar un paquete bomba al exresponsable de Prisiones de la Generalitat

La joven, que pertenece al grupo Cruz Negra Anarquista, acepta la pena por intento de asesinato

Tamara Hernández, la joven anarquista que envió un paquete bomba al exresponsable de Prisiones de la Generalitat Albert Batlle, ha aceptado esta mañana una condena de ocho años de prisión por intento de homicidio. Las partes han alcanzado un acuerdo y el juicio, previsto para esta mañana en la Audiencia de Barcelona, no ha tenido que celebrarse. A pesar de que el fiscal pedía 16 años de cárcel para Hernández por los delitos de asesinato en grado de tentativa (12) y tenencia de explosivos (4), la condena ha quedado finalmente en la mitad. En la calle, unas 30 personas se han concentrado en apoyo a la acusada, miembro del grupo Cruz Negra anarquista.

Los hechos se remontan a octubre de 2009 cuando Hernández se dirigió a una oficina de correos de Alcalá de Henares, desde donde envió un paquete dirigido al domicilio profesional de Albert Batlle Bastardas. El paquete fue recibido en la sede de Prisiones y "ante la sospecha de que pudiera contener algún tipo de explosivo", según recogía el escrito de acusación, acudieron al lugar los Tedax de los Mossos d'Esquadra, que desactivaron el paquete con una explosión controlada. Los agentes comprobaron que el paquete contenía un artefacto explosivo completo, de fabricación casera e iniciación eléctrica. Además, se activaba por un sistema trampa de obertura de tapa con "todos los elementos necesarios" para que sus 50 gramos de pólvora explotasen.

Más información
Juicio a la mujer que envió un paquete bomba a Batlle

Batlle fue nombrado secretario de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia en 2003, con el primer Gobierno tripartito. En enero de este año fue destituido de su cargo. El nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el magistrado Daniel de Alfonso, anunció el pasado martes su intención de contar con Batlle como subdirector del organismo de lucha contra la corrupción.

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