Guadalix de la Sierra prohíbe las acampadas y las asambleas

El municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, de 2.500 habitantes y gobernado por el PP, se ha convertido en el primero del que se tenga noticia en España en cambiar sus ordenanzas para impedir la celebración de asambleas populares y acampadas de protesta en la calle tras la irrupción del Movimiento 15-M. No solo ambas actividades están desde hoy prohibidas en este pueblo de la sierra, famoso por acoger el rodaje de Bienvenido, Mister Marshall y la casa de Gran Hermano, sino que se invita a los vecinos a denunciar a quienes lo hagan. El texto contempla un amplio régimen de sanciones desde los 750 euros para infracciones leves, 1.500 para las graves y hasta 3.000 para las muy graves.

Según denuncia el grupo municipal de IU-Los Verdes, que cuenta con un único concejal en el Consistorio -el resto se lo reparten el PP (siete), el PSOE (tres) y dos Unión Centrista Liberal-, la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, respaldada por los votos de PP y PSOE, es simplemente "aterradora". Según consta en la providencia de la Alcaldía, en la que no se cita al 15-M, su objeto es "favorecer el normal desarrollo de la convivencia", prevenir "actuaciones perturbadoras", posibilitar "el buen uso de los bienes de uso público" y proteger y conservar "las instalaciones del patrimonio urbanístico y arquitectónico" del municipio, sean "públicos o privados", frente a las "agresiones, alteraciones y usos ilícitos". Sin embargo, en opinión de IU, lejos de fomentar la convivencia lo que trata es de "enfrentar a los ciudadanos entre sí, obligándoles a actuar de informadores sobre las actividades de sus vecinos, al estilo de una dictadura o de la Stasi alemana".

Una amplia lista de 'noes'

La ordenanza fue aprobada inicialmente el 11 de agosto y está en fase de información pública. La normativa, en todo caso, va mucho más allá del 15-M, ya que regula otros muchos aspectos de la vida ciudadana e impide, entre otras actividades de lo más variopinto, dibujar en el suelo y sacudir el mantel desde el balcón. A juicio de este partido, son "51 folios de prohibiciones", que van desde el veto a actividades culturales como jugar -"se prohíbe la práctica de juegos en el espacio público que por su naturaleza puedan causar molestias", reza el texto, que en concreto pone fin a "acrobacias y juegos de habilidad con motos, bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas a tal efecto"-, dibujar en el suelo -"por tanto, se prohíbe la rayuela"-, hacer graffitis, colocar carteles o pegatinas, lanzar octavillas, cantar, bailar, tocar instrumentos... hasta sacudir el mantel o la alfombra desde el balcón o regar los tiestos si el alcalde lo considera "molesto para los vecinos". Asimismo, no se puede tomar vino en un parque, pelearse, gritar, "ni darse un masaje, jugar a las cartas o tumbarse en un banco".

Sobre las acampadas en concreto -página 31-, la normativa proscribe el "uso impropio" del espacio público y considera uso impropio "acampar, la instalación estable, dormir de día o de noche, tiendas de campaña, autocaravanas o caravanas sin autorización". Sobre las asambleas -páginas 35 y 36-, no las cita directamente, pero sí subraya que no se podrá celebrar ningún acto público sin "la preceptiva autorización", se deberá suscribir "una póliza de seguro" que cubra los daños y perjuicios que se puedan ocasionar y también se podrá exigir el depósito de una fianza. "El Ayuntamiento podrá denegar la autorización cuando las previsiones del público asistente, las características del espacio u otras circunstancias puedan poner en peligro la seguridad, convivencia o civismo", recoge la ordenanza, que añade que cuando se trate del "derecho fundamental de reunión y manifestación", el Ayuntamiento "emitirá un informe con las circunstancias y causas objetivas que puedan desaconsejar la celebración del acto".

En declaraciones a la cadena SER, Madrid Norte, James Bényei, portavoz de IU-Los Verdes, no ahorra adjetivos para este catálogo de regulaciones, que considera "retrógrado, subjetivo e hipócrita". Es, en resumen, "un atentado contra las libertades democráticas", por lo que han decidido recurrirla y llevar a cabo una campaña de rechazo y otras iniciativas populares. Además de estar totalmente en contra del texto, consideran que su tramitación ha sido "ilegal" porque el informe jurídico ha sido redactado por una secretaria sin título que sustituye al secretario del Ayuntamiento.

Para Izquierda Unida-Los Verdes de Guadalix de la Sierra, lo que se pretende es "someter las libertades culturales al criterio del alcalde, además de convertir a los ciudadanos en delatadores de sus vecinos al estilo de la Stasi alemana". Bényei insiste en esta ordenanza convertirá al municipio en un "cementerio cultural", ya que "sin autorización previa" se prohíben juegos, dibujos, asambleas populares y acampadas de protesta. Por su parte, el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, ha señalado a la misma emisora que esta ordenanza pretende "garantizar la convivencia y evitar los actos vandálicos" en el municipio, situado a 49 kilómetros de la capital, en la cuenca alta del Manzanares.