Cómo disolver una sentada

Son tres minutos de vídeo. Tres impactantes minutos que recogen cómo un policía antidisturbios abofetea a una menor que le había insultado y, a continuación, otros agentes aporrean con violencia y derriban a un fotógrafo que había captado la secuencia a escasos metros. Al menos 875.000 personas han visto en YouTube la brutal escena, ocurrida en la manifestación que protestaba por la represión de la marcha laica crítica con la visita del Papa. La semana pasada ha volado en las redes sociales, reflejo de una indignación creciente. ¿Ocurren con frecuencia estos ataques injustificados ocultos en la algarabía de las manifestaciones o son incidentes esporádicos sobreexpuestos? De lo que no cabe duda es de que su notoriedad se ha disparado por la multiplicación de cámaras y móviles de alta tecnología que reenvían imágenes en cuestión de segundos.

El indignado conoce sus derechos y además va rodeado de cámaras

Una unidad de los 'mossos' graba la actuación de los agentes

Más de 800.000 personas han visto la agresión al fotógrafo en YouTube

"Todos pagaremos por quienes dieron golpes excesivos", afirman en el SUP

La identificación del agente "es vital para rendir cuentas", dice Amnistía

En cuestiones de orden público prima lo político frente a lo policial

"Los propios miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llevarán durante mucho tiempo el estigma de esos golpes excesivos y a destiempo, sin razón alguna, y serán objeto de más agresividad que antes. Los que han dado los golpes no han pensado en las consecuencias de sus actos y ahora todos lo pagaremos". La autocrítica del Sindicato Unificado de Policía (SUP, mayoritario) resume el temor a que la rabia de muchos indignados tenga consecuencias para las unidades de antidisturbios, siempre expuestas al cuerpo a cuerpo con los manifestantes y necesitadas de una extrema templanza.

Ante el fenómeno viral en Internet, el Ministerio del Interior reaccionó con celeridad y abrió un expediente disciplinario por falta grave contra tres policías que aparecían en las imágenes dando gomazos (porrazos en la jerga policial) de forma injustificada. La posible sanción, que puede suponer tres meses de suspensión de empleo y sueldo, quedará interrumpida si prosperan las denuncias de la joven y del fotógrafo agredidos. La primera aún no la ha presentado.

Mientras, el Movimiento 15-M asegura que se han presentado 20 denuncias por las cargas de la marcha laica y la manifestación que le siguió la semana pasada. Tras los vídeos difundidos por las cargas contra los indignados el pasado mayo en la plaza de Cataluña de Barcelona, los Mossos d'Esquadra han creado una unidad de 20 agentes que acudirán a las concentraciones de masas pertrechados con cámaras con un solo objetivo: disponer de su versión de las cargas policiales y detenciones para juicios ulteriores tras las previsibles denuncias.

Y es que algo está cambiando. Las movilizaciones de los indignados han alterado muchos esquemas anquilosados. También los referentes al orden público y a cómo responder a una marcha pacífica, cuestión plagada de defectos por parte del Gobierno y la Generalitat, que este verano han recibido un aluvión de críticas, incluso desde los propios mandos policiales.

Las protestas de los indignados la pasada primavera inauguraron una etapa de continuas manifestaciones con jóvenes brazos en alto muy concienciados de sus derechos, y rodeados de cámaras de televisión y fotógrafos. "Esos jóvenes violentos antes corrían y tiraban piedras, ahora se sientan y levantan las manos. Son una resistencia pasiva. La dinámica cambia y hay que levantarlos. Quizá ahora esa distancia se está perdiendo (...). Tenemos una evolución y una mezcla de pacíficos y violentos", reflexiona José Antonio Togores, comisario jefe de las UIP, que critica la caza de brujas contra los policías iniciada tras "extractar" imágenes de las agresiones. El ejemplo más claro son páginas en Facebook que piden identificar a los policías que supuestamente se extralimitaron, a modo de linchamiento público y al margen de los procedimientos judiciales.

Luis Ocaña, abogado de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, asegura que han detectado un aumento de denuncias por brutalidad policial. "Es especialmente preocupante porque los ciudadanos están ejerciendo derechos fundamentales como el de manifestación. Las lógicas policiales modernas están encaminadas hacia la prevención y no la represión, y, sin embargo, vemos uso y abuso de la violencia contra personas en el suelo e incluso a periodistas, ataques que no son propios de la policía".

El redactor Gorka Ramos escribía con su móvil un tuit para el diario Lainformación.com durante una manifestación y tras discutir con varios antidisturbios acabó en el suelo, dolorido y esposado. El gran problema (o ventaja) es que estaban rodeados de cámaras, y los fotógrafos acribillaron con sus flases a los agentes. "Me estaban pinchando con las porras. Uno me da en el estómago y cuando otro me empuja y pido ver su número de placa, me da un puñetazo en la frente. Me tiran al suelo", relata. Amnistía Internacional no considera que exista una práctica sistemática de la tortura en España, pero sí que los casos de ella y otros malos tratos "no son incidentes aislados, sino muestras de las deficiencias estructurales".

Los abusos policiales disminuirían de súbito si cada agente antidisturbios llevara su identificación visible, tal y como establece la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior para los policías nacionales. Esta obligación atañe también a los Mossos, pero no a la Ertzaintza. En ocasiones, los números de identificación profesional quedan ocultos por las protecciones de los agentes y otras veces estas han debido ser retiradas deliberadamente antes de las intervenciones. Los sindicatos advierten de que el cumplimiento estricto de la norma acarrearía una avalancha de denuncias falsas contra los antidisturbios y una multitud de bajas de agentes en una unidad con buena reputación y fama de marcial en medios policiales.

"La identificación es el primer paso para la rendición de cuentas. Además, las víctimas reciben contradenuncias sobre alteración del orden público y luego los jueces prestan mayor veracidad a las autoridades, incluso aunque haya parte de lesiones", lamenta María Serrano, de Amnistía Internacional. Togores rechaza que sus hombres actúen sin la debida identificación.

En países como Alemania los antidisturbios están siempre identificados. Eso sí, España no sufre problemas de orden público tan graves como los recientes de Grecia o Reino Unido, donde las unidades antidisturbios superan los 15.000 miembros. En esos países a veces se producen enfrentamientos medievales de 5.000 personas contra otros tantos policías. En España, los grupos antidisturbios actúan más en pequeños grupos de seis agentes, mucho más dinámicos. Las UIP cuentan con 2.700 policías e históricamente han mantenido ese número reducido de efectivos.

En los últimos meses, la brecha entre las instituciones y los ciudadanos se está agrandando por la crisis y el descontento que ha canalizado el 15-M, según varios expertos. "Las instituciones deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme a derecho. Lo que hemos visto no es de recibo y esas manifestaciones pacíficas no pueden ser respondidas a golpes contra periodistas o manifestantes. Detecto una crispación galopante. Ni los políticos ni los policías acertaron el otro día, hubo una demo-nización de la manifestación laica", denuncia Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. "Esta dinámica de confrontación puede llevar a respuestas agresivas, y podríamos vernos en una espiral de violencia peligrosa", advierte.

Felipe Brihuega, del SUP, contesta: "Se está haciendo un mundo de esto. La agresión existe, pero todo el mundo tiene errores en su trabajo y la expulsión por un bofetón me parecería exagerado". Otros sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) o la Unión Federal de Policía (UFP) han sido mucho más tajantes en la defensa de los agentes y achacan los excesos a la falta de sueño, la tensión acumulada o las largas jornadas debido a la visita del Papa. "Nos sentimos muy incomprendidos. Si no podemos imponer nuestra autoridad, que no nos lleven. Si el problema es sociopolítico, arréglenlo en una mesa", se queja Emilio Martín, portavoz de UFP.

El SUP ha recordado que la policía carece de un protocolo de actuación para evitar los abusos de sus agentes. Togores matiza que el manual de actuación es suficiente para que sepan cómo actuar en las situaciones comprometidas. En las intervenciones policiales sobre orden público suelen primar los criterios políticos sobre los policiales. Un jefe superior de la policía detalla: "El delegado del Gobierno te dice que tienes que disolver y reestablecer el orden. ¿Eso se consigue pidiéndolo por favor? Dicho esto, nunca te interesa tener un mohicano que se lance tras los manifestantes. La mejor intervención es la que no se hace. Es un trabajo muy jodido".

Las concentraciones del 15-M se han movido en estos tres meses en el borde de la legalidad. Y a veces esta se ha sobrepasado. Concentraciones en Sol y frente al Congreso de los Diputados no autorizadas por la Delegación del Gobierno, así como los incidentes que bloquearon el Parlamento de Cataluña hicieron a muchos dudar sobre el trato dispensado por el Gobierno. Se multiplicaron las acusaciones de benévolo e intransigente. Y entre ambos adjetivos se han movido los mandos policiales, que se quejan de haberse visto en un fuego cruzado de intereses políticos e indecisiones provocadas por el claro apoyo social y mediático con que contaban los indignados.

"No es lógico restringir la libre circulación de personas en la Puerta del Sol, eso es ilegal. No es solución. Tiene que haber mejores protocolos de actuación. Los mandos te ordenan, pero si te denuncian el responsable eres tú. Aunque los policías finalmente condenados son muy pocos", destaca un agente antidisturbios que pide el anonimato.

Las cargas de los Mossos d'Esquadra realizadas en la plaza de Cataluña coparon las portadas de los diarios en mayo y junio, y supusieron un punto de infle-xión. Desde entonces, los Mossos han revisado sus métodos. El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) recibió 430 quejas (20 de ellas acompañadas de partes de lesiones), censuró el uso "desproporcionado de la fuerza", recomendó la creación de un grupo de mediación policial y denunció la carencia de formación psicológica de los agentes. "La resistencia pasiva es muy mediática, la imagen es muy contundente y afecta mucho a los cuerpos policiales", afirma Manel Prat, director general de los Mossos. "Ya reconocimos errores en su día, pero fue coyuntural. No somos especialmente violentos, pero sí tenemos mayor contestación social. Aunque esto forma parte de la idiosincrasia del pueblo catalán", añade. Prat recuerda cómo intentaron seis veces pactar con los indignados soluciones al enfrentamiento, pero la respuesta fue que estos no disponen de líderes, al ser un movimiento horizontal.

Jordi Sánchez, adjunto general al Síndic de Greuges, censura la "desmesurada" actuación policial en el desalojo de la plaza de Cataluña del 27 de mayo, pero también la "violencia explícita" de los manifestantes contra ciudadanos y parlamentarios en el posterior bloqueo del Parlamento el 15 de junio. "La policía tiene que estar capacitada para afrontar las nuevas dinámicas que se pueden estar produciendo. Ya sean seudoguerrillas o movimientos no violentos", razona.

Las manifestaciones con eco mediático como la marcha laica se han convertido en un plató repleto de cámaras profesionales, pero también diminutas. Carles Geli, profesor de Antropología de la Universidad de Lleida, apunta: "En el fondo se está redefiniendo el espacio público. Todos se convierten en periodistas. Cuando cualquier sujeto puede ser un informador lo veo positivo, es un control formal. La cuestión es cómo regular esa deontología social, porque policía y manifestantes deben autorregularse".

Al margen de los juzgados, el Defensor del Pueblo no ha notado un incremento o descenso en las denuncias por abusos policiales. De momento, la entidad mantiene una investigación en marcha que afecta a todas las cargas registradas en Madrid y Barcelona este año. Ante los excesos, el sociólogo Javier Elzo, aboga por la educación ética: "Debemos rechazar una conducta no porque está la policía, sino porque es éticamente injustificable. Esa es la fuerza del 15-M. Saben que tienen que plantear argumentos y funcionar con el uso de la razón. Y eso les ha protegido de los grupos violentos".