La Audiencia Provincial necesita 31 jueces más para hacer frente a la sobrecarga de trabajo

El pasado año entraron en la Audiencia de Madrid 47.837 asuntos, lo que representa un 3% más que el periodo anterior. Gran parte del aumento de los litigios se debe a la crisis -570 del total son asuntos mercantiles, una subida del 32,86%-, lo que se suma a la reciente reforma del Código Penal, que ha provocado un notable incremento de las sentencias ejecutorias. Para ponerse al día, se necesitarían 31 magistrados más, según ha denunciado la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer García, durante la presentación esta mañana de la Memoria Anual de 2010.

En cifras, la Audiencia resolvió 46.920 asuntos durante el pasado año, 1.449 más que en el año anterior. Además, los nuevos procedimientos fueron 33.013 frente a los 23.064, lo que supone un incremento de un 2,95%. Pese a este esfuerzo resolutivo, Ferrer ha recalcado que se tiene una capacidad de respuesta inferior al volumen de entrada de asuntos que soporta este órgano judicial. Por ello, ha reclamado incrementar la planta en un magistrado para racionalizar el trabajo. En la actualidad, la Audiencia cuenta con 141 magistrados, 121 titulares, distribuidos en 30 secciones, 15 civiles y 15 penales y 35 secretarios.

Al igual que en años anteriores, se ha reclamado la necesidad de reagrupar las sedes de la Audiencia, actualmente en cuatro edificios, el más importante el de la calle Santiago de Compostela. Asimismo, se ha quejado del aspecto "descuidado" del edificio de la citada calle, ya que "los ventanales no se limpian, las paredes están manchadas, las escaleras sucias o los suelos estropeados". Además, hay problemas con la climatización del edificio, ya que por ejemplo en las salas de jurado la calefacción lleva años estropeada.

Por otro lado, la Audiencia registró durante 2010 un notable incremento de las ejecutorias debido a la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que ha obligado a abordar el proceso de revisión de 5.089 ejecutorias y ha determinado la reapertura de un porcentaje elevado de éstas. En este punto, Ferrer ha querido aclarar que las ejecutorias en trámite no equivale a pendientes de resolución, "por cuanto la ejecutoria abarca todo aquello que afecta al cumplimiento de penas y demás pronunciamientos incluidos en el fallo".

Asimismo, la crisis ha disparado el trabajo en las secciones mercantiles, que han registrado una entrada de 570 asuntos, lo que supone un 32,86% más que en el año anterior. Según la memoria, esta sobrecarga de trabajo la asume de momento, ya que cuenta con un quinto magistrado adscrito, pero se alerta sobre la necesidad de abordar otras medidas en un futuro no muy lejano si la tendencia no rectifica. En cuanto a las secciones civiles, se han ingresado un total de 14.824 asuntos, entre los que se incluye los de única instancia y los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia, Violencia sobre la Mujer, familia y Mercantiles de toda la región.

En referencia a las movilizaciones ciudadanas para impedir desahucios, se ha sumado a lo dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: que los jueces no pueden dejar de aplicar la Ley. Ferrer ha señalado que quizá pueda haber ámbitos de solución respecto a la paralización de desahucios, pero en otros foros que no son el judicial. "Nosotros como jueces en un estado de derecho aplicamos las leyes que aprueba el parlamento que son los representantes del pueblo. Nosotros no tenemos otros instrumentos que los que nos faculta la ley, y no podemos dejar de aplicar la ley, estamos afectados por el principio de legalidad", ha subrayado.