Penurias económicas en la justicia de la Comunidad Valenciana

La relación del Gobierno de Francisco Camps con la justicia valenciana atraviesa una etapa delicada. El último motivo de tensión ha sido la renuncia de la Generalitat, por dificultades presupuestarias, a abrir 15 juzgados que habían sido autorizados por el Ministerio de Justicia.

Es la primera vez que una autonomía anula la creación de unidades judiciales que había solicitado y habían sido acordadas. Y sucede en la segunda comunidad que más juzgados necesita por su sobrecarga de trabajo, solo por detrás de Andalucía, según alertó en mayo el Poder Judicial.

La renuncia de Camps ha sentado mal en el Gobierno y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes manifestó una "honda preocupación". "Significa", declaró su portavoz Gabriela Bravo, "no priorizar en tema de justicia y no garantizar la tutela judicial efectiva que los ciudadanos valencianos se merecen". La noticia tampoco ha sentado bien en amplios sectores de la Administración de Justicia, que venían denunciando el colapso de asuntos a causa de la crisis, la falta de medios elementales (folios, tóner de impresora) y de personal. Y llega cuando los jueces se disponen a decidir el futuro de los responsables políticos en todo el territorio valenciano, que están acusados de corrupción.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, del PP, han sido señalados por la Fiscalía Anticorrupción como presuntos autores de los delitos de cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias por amañar el nuevo plan urbanístico de la ciudad con el constructor Enrique Ortiz. El presidente de la Generalitat está a un paso del banquillo por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. Su vicepresidente, Vicente Rambla, y los principales cargos del PP regional se enfrentan a penas de prisión por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación mercantil. El mismo Rambla y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, han sido imputados por cohecho y prevaricación. Y sobre el hasta ahora presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sigue estándolo por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Una de las numerosas voces que se han alzado contra la renuncia a los juzgados ha sido la del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV), del que dependen territorialmente las unidades, y que es el competente para juzgar a los políticos aforados.

Tres de las unidades que no se abrirán estaban previstas en Torrevieja, Benidorm y Alicante. Se trata de los tres municipios con los juzgados de primera instancia más sobrecargados de España, según el Consejo del Poder Judicial, que estima que la Comunidad Valenciana necesita con urgencia esos 15 y 48 más. El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, cree que con ese número se conseguiría, al menos, apuntalar el sistema.

El Ejecutivo de Francisco Camps ha justificado su decisión alegando básicamente que las dificultades económicas le impiden cumplir con su parte: el reparto competencial establece que el Ministerio de Justicia paga a jueces, fiscales y secretarios judiciales y la comunidad autónoma financia el salario del resto de personal, las infraestructuras y los medios materiales.

Pero a muchos expertos en el sector judicial les cuesta creer estas explicaciones. Así lo revelan desde un sindicalista a un juez del mundo judicial valenciano, que cuentan por ejemplo que en el día a día en la justicia valenciana hay funcionarios que guardan los folios en el coche para que no se los quiten por necesidad los del juzgado de al lado; o magistrados que fabrican estanterías con cinta de embalar y cajas de cartón para almacenar expedientes.

La situación de los juzgados inició un deterioro progresivo coincidiendo con la salida de Fernando de Rosa de la Consejería de Justicia, en septiembre de 2008, para convertirse en vicepresidente del Consejo del Poder Judicial. Un proceso, añaden, que se ha agravado en los últimos meses.

El Gobierno de Francisco Camps que ostenta las competencias sobre los inmuebles, el personal de apoyo (todo excepto los jueces y los secretarios judiciales) y los recursos materiales necesarios para el funcionamiento de los juzgados, ha reducido en más de un 2,5% el presupuesto de este año respecto al ejercicio anterior.

Los principales recortes se han realizado en el capítulo de inversiones reales, que ha descendido un 17,6%, y en personal, con se ha rebajado en un 3,7%. Los gastos de funcionamiento están congelados, pero no los gastos financieros que aumentarán en más de un 60% para hacer frente a los créditos pendientes de amortizar.

Los problemas en la Administración de Justicia se amontonan porque los gastos son mucho mayores que las dotaciones presupuestarias. El pasado mes de marzo, el Consell que preside Francisco Camps tuvo que buscar una solución y renegociar la deuda que mantenía con Correos, que suspendió temporalmente el reparto de correspondencia de los juzgados ante el impago de una deuda de 33 millones de euros en sellos.

El Ejecutivo autonómico logró restablecer el servicio tras abonar un tercio del montante y refinanciar el resto en dos anualidades. Los sellos no han sido el único problema de los juzgados, que en algunos casos han llegado a solicitar a los abogados que se trajesen los folios de casa por falta de papel. Algunas empresas, como la firma asturiana Grama, han presentado denuncias por el impago en el suministro de papel por valor de 199.000 euros.

Los abogados del turno de oficio, que meses atrás se manifestaron en la calle, padecen retrasos en sus retribuciones y el decano del Colegio de Procuradores, Francisco Cerrillo, ha sugerido al Gobierno de Camps que devuelva las competencias en materia judicial si no está en disposición de sufragarlas. Las quejas se reproducen entre los distintos actores que sustentan la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, desde empresas de seguridad que han denunciado deudas millonarias con el Consell, que no paga las labores de protección de los juzgados, hasta las fiscalías que reclaman que su cubran las plazas vacantes para poder atender la carga de trabajo.