El TSJ valenciano da el primer paso para imputar por corrupción a la cúpula del PP de Camps

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el primer paso para asumir el grueso de la investigación de la vertiente valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha relación y los numerosos negocios que mantuvieron durante años con la trama corrupta.

La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditación de "la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputación Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigación de los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibición dictada por el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal valenciano.

Son miembros de la Diputación Permanente, y por tanto deben acreditar su actual condición de aforados: David Serra (vicesecretario del PPCV, diputado, candidato); Yolanda García (tesorera del PPCV, diputada, candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz parlamentario de Economía, candidato, que ya está imputado en la causa de los trajes) y Milagrosa Martínez (Presidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, candidata).

En la inhibición a que se refieren los cinco magistrados que forman la Sala Civil y Penal, figuran también como presuntos autores de graves delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat y candidato); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, responsable de protocolo en la Diputación de Valencia, también imputado en el caso de los trajes), y Pedro García (exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicación de Presidencia de la Generalitat).

En la inhibición se hace referencia igualmente a diversos funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejerías de la Generalitat, que habrían adjudicado directamente contratos a dedo a las empresas de la trama o los habrían parcelado en contratos menores para burlar los controles legales. Y se señala que algunas de dichas adjudicaciones precisaban la autorización del Gabinete del presidente Camps.

Los plazos, señalan fuentes jurídicas, van a ir muy justos: no se puede descartar que la asunción de la competencia y por tanto la imputación de los altos cargos mencionados se produzca antes de las elecciones del 22 de mayo, pero también podría tener lugar poco después. Lo que la decisión anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomará la decisión en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.

Si la decisión se anuncia antes de las elecciones, las listas del PP valenciano serían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.

Llegue antes o después de los comicios, la asunción de la investigación por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completará la secuencia judicial de la corrupción masiva que la red Gürtel presuntamente desarrolló en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo autonómicos, ambos presididos por Camps.

Según la investigación, apoyada en declaraciones de testigos, registros en oficinas y propiedades de la trama, intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General del Notariado, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, logró unos ocho millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saqueó los fondos públicos destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las empresas de la trama, siempre según la investigación, participaron en la financiación ilegal de las últimas campañas electorales del PP sirviendo del vehículo a los fondos que aportaban ocho constructoras valencianas.

Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer regalos (joyas, relojes, artículos de lujo, prendas de vestir e incluso un automóvil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama apuntaba todas esas dádivas en sus libros, pero los investigadores sólo han podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que, además, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y declaraciones de testigos en los comercios. En esta última situación se encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera sobradamente acreditado que la trama Gürtel entregó, "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008.