Las principales organizaciones de empresarios vascos (Confebask) y navarros (CEN) han recibido sendas cartas de ETA en la que se les anuncia que «la exigencia del pago del impuesto revolucionario [el chantaje al que les somete la organización terrorista] que ha solido realizar queda cancelada» como consecuencia del alto el fuego declarado el 10 de enero. El presidente de la patronal navarra, José Antonio Sarría, ha explicado esta mañana en una rueda de prensa que recibió la carta el pasado 26 de abril en la sede de su organización en Pamplona. ETA añadía en la misiva (que ha sido autentificada «por las vías normales») que se la había enviado «por la fuerza del sector social al que representa». La patronal navarra, que agrupa a 60 asociaciones empresariales de la comunidad foral, ha decidido hacerla pública porque, según explicó su responsable, también lo ha hecho cuando se han recibido amenazas y extorsiones. La última remesa de cartas de chantaje de la que tiene constancia en esa comunidad se remonta al 26 de octubre. En el País Vasco tampoco se han recibido al menos desde el inicio del alto el fuego. Poco después del anuncio de Sarría, Confebask (que representa a 13.000 empresas en las tres provincias vascas) confirmó a este diario que «también» ellos han recibido en los últimos días una carta idéntica con el sello de ETA. Las fuentes consultadas valoran este paso como «positivo» y «esperanzador», aunque llaman a la «prudencia» en virtud de «las experiencias vividas hasta ahora». Sarría también ha llamado a ser «prudentes y pacientes», pues, aunque «se toman muy en serio» la carta, «en muchas ocasiones se han visto truncadas las esperanzas». «El tiempo dira si [ETA] desaparece o no», añadió. Sarría ha exigido además a la banda terrorista que cese «otro tipo de terrorismo», en referencia a «las amenazas y pintadas» contra pequeños empresarios en determinadas zonas de la comunidad. Según Sarría, no existen precedentes de un anuncio así por parte de la banda terrorista, pese a que en ocasiones anteriores sí ha prometido (e incumplido) cesar en su chantaje. Durante el anterior alto el fuego de ETA, anunciado el 22 de marzo de 2006 y roto el 30 de diciembre con el atentado del aeropuerto madrileño de Barajas, los empresarios vascos y navarros denunciaron el envío de cartas de extorsión hasta en cinco ocasiones. Estas misivas, redactadas en parte durante la supuesta tregua, registraron además un incremento «notable» en la cantidad demandada. La primera reacción política ha venido de Ezker Batua (EB), cuyo coordinador general, Mikel Arana, ha calificado la decisión de ETA de «positiva pero no novedosa». El parlamentario vasco ha añadido que lo que reclama la sociedad vasca a ETA es su desaparición definitiva. También la izquierda abertzale ha saludado la decisión de ETA de poner fin a la extorsión a empresarios y ha considerado que la decisión a «viene a mostrar una vez más el compromiso y la voluntad de la organización ETA para impulsar el proceso democrático y la superación definitiva del ciclo de confrontación armada». El Círculo de Empresarios Vascos también considera «positiva» y esperanzadora la decisión de ETA, aunque según el director de esta organización privada, Enrique Portocarrero, la banda «no tiene credibilidad alguna ni es nadie para otorgarse la potestad de perdonar o cancelar extorsiones a los empresarios». Portocarrero ha exigido a ETA que no «condicione el debate sobre las listas de Bildu», y mantenga así su decisión «antes y después de las elecciones». En octubre pasado, el líder de la ilegalizada Batasuna, en una entrevista en EL PAÍS, fue preguntado sobre estas prácticas de extorsión de ETA: -Pregunta: ¿Rechaza usted las extorsiones a empresarios, el denominado impuesto revolucionario? - Respuesta: Son hechos que deben desaparecer. Toda amenaza y persecución por motivaciones políticas, toda vulneración de derechos tiene que desaparecer. Y en ese objetivo nadie puede ser indiferente ni sentirse interpelado. Yo tampoco.
