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La oficina del censo da de baja 53 empadronamientos irregulares en Finestrat

Los afectados no viven en la localidad alicantina.-Los socialistas denuncian el intento de "manipulación" del registro de votantes

La Oficina del Censo Electoral de Alicante (OCE) ha decidido anular 53 nuevos empadronamientos de Finestrat tras comprobar que los vecinos inscritos no residen en esta localidad, situada a 10 kilómetros de Benidorm, la única de la provincia de Alicante donde habían sido denunciadas irregularidades.

Según una resolución dictada el pasado 9 de abril, la Oficina decide "retrotraer 25 inscripciones realizadas en el censo electoral" tras la denuncia del PSPV del municipio, aunque ya estaba en marcha la eliminación de otras 28 inscripciones impugnadas por los socialistas, lo que suma un total de 53 empadronamientos invalidados de vecinos que antes estaban registrados, la mayoría de ellos, en Benidorm y La Vila Joiosa.

Los socialistas de Finestrat impugnaron el censo electoral después de comprobar que entre octubre y diciembre de 2010 se habían empadronado 76 nuevos vecinos en viviendas inhabitables, sin luz o agua corriente y en algunos casos de familiares del alcalde o de miembros de la ejecutiva local del PP.

Ante la evidencia de las irregularidades cometidas y de los empadronamientos fraudulentos en casas de familiares del alcalde, Honorato Algado, del PP, y de miembros de la ejecutiva de los populares de Finestrat, el PSPV de esta localidad ha reclamado hoy la dimisión del regidor por el supuesto intento de "manipular" el registro de votantes. La decisión de la oficina del censo demostraría "un intento de manipulación clara y evidente del censo de votantes", afirman los socialistas, a los que el PP solo sacó una ventaja de 18 votos en las últimas elecciones municipales.

El PP ha declinado hacer valoraciones hasta que analice la resolución de la OCE. Finestrat está incluida en una reciente relación divulgada por la oficina del censo electoral de 19 municipios de la Comunidad Valenciana que habían sufrido "un incremento significativo y no justificado" del número de habitantes

en los seis meses previos a la convocatoria de las elecciones.