Castellón concentró las denuncias en 2007

La provincia de Castellón fue escenario, antes, durante y después de las anteriores elecciones locales y autonómicas, celebradas en 2007, de una concentración de denuncias sobre la supuesta manipulación que habrían sufrido los censos de casi una decena de municipios. En su mayoría, eran municipios gobernados por el PP y denunciados por el PSPV e Iniciativa. Las sospechas se llevaron a los tribunales, aunque la mayoría de ellas fueron archivadas. Solo permanece vivo un asunto, el relativo a Cabanes, donde el concejal de Iniciativa, Carles Mulet, denunció el empadronamiento de más de una treintena de personas en solo dos meses y con altas que señalaban como lugar de residencia domicilios que corresponden a los del alcalde del PP, Artemio Siurana, así como de sus familiares y de otros dirigentes del PP local. El resto de casos fue archivado después de que la fiscalía admitiera las dificultades que había encontrado para localizar a los supuestos vecinos. "Los involucrados dejan de recordar y de existir", dijo el fiscal jefe Javier Carceller.

Antes que este se archivó el caso de Vall d'Alba, en el que, en cualquier caso, el PSPV ha fijado su mirada ya que el censo de los extranjeros con derecho a voto para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se ha incrementado un 53%, muy por encima de la media alcanzada en la provincia. Tampoco salió adelante la denuncia por el hinchado de censos en Sant Jordi, donde la necesidad de realizar el recuento y cotejar los votos enviados por correo con los presenciales provocó el retraso en la constitución de la Diputación de Castellón.

Otro de los casos que desató la polémica fue el del municipio de Fanzara, donde en casas semiderruidas, inhabitables y evidentemente abandonadas se empadronaron, sobre todo, extranjeros.

El principal problema es que, ante la detección de un hinchado del censo, ha de presentarse una denuncia ante el Instituto Nacional de Estadística, este recurre al propio Ayuntamiento para que justifique los empadronamientos sospechosos y da por buena la versión del Consistorio. Tras la polémica desatada en Castellón en las últimas elecciones, el INE adujo no tener inspectores para revisar, en cada municipio, las denuncias y las alegaciones de los Ayuntamientos.