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España hizo gestiones para liberar a una presa enferma en Venezuela

El Gobierno aún no ha decidido si enviará observadores al juicio de Afiuni

El Gobierno español participó en gestiones diplomáticas de alto nivel para que la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada en Venezuela durante 14 meses en espera de juicio, mejorara su situación. Fuentes diplomáticas aseguraron que tales gestiones se habían producido con anterioridad a la salida de Afiuni de prisión, a principios de febrero pasado. Este extremo no fue confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 acusada de corrupción y de ayudar a huir a un empresario al que puso en libertad condicional después de tres años encarcelado en espera de juicio. El presidente Hugo Chávez pidió públicamente su detención y reclamó una severa condena para ella. El caso de Afiuni ha sido denunciado expresamente por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch como una violación de los derechos humanos, ya que está siendo víctima supuestamente de un proceso político dirigido por el presidente Hugo Chávez.

A principios de febrero, la juez María Lourdes Afiuni salió de prisión para ser sometida a una operación en un hospital oncológico y posteriormente pasó a cumplir la prisión provisional arrestada en su casa. Entre las condiciones para este cambio estaba la prohibición de hablar con prensa internacional. Para entonces, la situación de Afiuni había sido denunciada por organizaciones internacionales como lo más parecido que se puede encontrar en Venezuela a un preso político.

La última vez que el Gobierno español se había pronunciado sobre este caso había sido el 30 de noviembre de 2010. Interpelada al respecto por el senador del PNV Iñaki Anasagasti, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, respondió en el Senado español que haría un seguimiento "concreto" de este caso. El senador pidió a Exteriores que enviara personal diplomático a visitar a la juez en la cárcel, algo a lo que la ministra Jiménez no quiso comprometerse en público.

De la misma forma, el pasado jueves la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, que preside el propio Anasagasti, aprobó por amplia mayoría y con el único voto en contra del PSOE una moción por la que insta al Gobierno a enviar diplomáticos españoles como observadores al juicio contra Afiuni. La vista ha sido fijada para el próximo jueves, día 31.

Fuentes diplomáticas informaron de que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto. Las resoluciones parlamentarias de este tipo no son de obligado cumplimiento, pero sí es obligado tomarlas en consideración e informar a la Cámara de lo que se ha hecho al respecto. El plazo para informar es de seis meses, pero en este caso la decisión debe ser tomada antes del jueves.

Durante la sesión parlamentaria, el senador del PP Dionisio García Carnero denunció públicamente que la juez Afiuni había sufrido torturas y violaciones sistemáticas en su estancia en prisión. Según dijo García Carnero, la juez salió de la cárcel para ser operada de graves lesiones provocadas por violaciones y vejaciones en la cárcel.

Fuentes diplomáticas aseguraron que esta versión, que atribuyeron a grupos opositores a Chávez presentes en España, está completamente distorsionada, que no han existido tales atrocidades y que la juez fue sometida a una intervención por un cuadro oncológico.

Todos los partidos de oposición de centro derecha en España se han interesado en el Parlamento por el caso de la juez Afiuni, Además del Partido Popular y los nacionalistas vascos del PNV en el Senado, el Gobierno también ha sido interrogado por los nacionalistas catalanes de CiU en el Congreso. La posición del Gobierno español al respecto siempre ha sido la de favorecer una relación discreta con el Gobierno de Hugo Chávez, sin declaraciones públicas sobre asuntos internos de Venezuela que dañen las relaciones y puedan dar lugar a un corte en la interlocución. El Gobierno acusa al PP de utilizar Venezuela políticamente.