Los abogados de los imputados por matar a Vargas piden la anulación de las escuchas

Una hora escasa. Eso es lo que ha durado la sesión de hoy del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato en enero de 2009 del narcotraficante Leónidas Vargas en el hospital 12 de Octubre. Tras desplazar a los siete imputados, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales con una única excepción.

El ministerio fiscal ha aumentado en un día la pena solicitada para el principal acusado, el presunto autor material, Jonathan Andrés Ortiz, al considerarle autor de un delito de atentado agravado por el uso de un arma de fuego. La fiscalía solicita para él 27 años de cárcel. A la petición se ha sumado la acusación particular, ejercida por la familia del narco.

En su recta final

Los abogados de las defensas han mantenido la línea argumental que han seguido durante todo el juicio y han reiterado su petición de que sean anuladas las grabaciones realizadas durante los minutos previos y posteriores al crimen por parte de la policía. Según su versión, las cintas y los CD han llegado al juzgado sin la preceptiva firma electrónica, por lo que no están seguros de que se haya guardado la cadena de custodia. Plantean por tanto dudas sobre su veracidad, según han expuesto los letrados.

El juicio entra esta semana en la recta final. Mañana y pasado está previsto que las partes lean los informes finales y concreten los hechos que ocurrieron la tarde del 9 de enero de 2009 en la quinta planta del hospital 12 de Octubre. Después será el presidente de la sala el que tenga que preparar el objeto de veredicto -las preguntas que tengan que contestar los integrantes del jurado- y que este empiece las deliberaciones.

Si por algo se ha caracterizado este juicio, es por tener sesiones especialmente cortas, como la vivida esta mañana en la Audiencia Provincial. Y eso que es necesario desplazar desde las respectivas prisiones a cinco de los siete encausados y contar con un fuerte dispositivo policial, formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, más conocidos como antidisturbios). Algunas sesiones no han durado más de dos horas y se han solventado cuestiones que podrían haberse dirimido durante las jornadas previas.