González acusa al alcalde de Rivas de torpedear el consenso en la Ley de la Cañada
El vicepresidente madrileño asegura que hasta su intervención IU había dado el visto bueno a la norma
"El alcalde de Rivas [José Masa, de IU] es el que ha presionado a su grupo parlamentario para que, estando de acuerdo su grupo , votase en contra", ha afirmado esta mañana el vicepresidente regional, Ignacio González, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Señalaba así directamente al regidor de Rivas Vaciamadrid como el culpable de que la Ley de la Cañada Real Galiana vaya a ser aprobada esta tarde en la Asamblea sin el apoyo de la oposición, PSM e IU. Ambos partidos han anunciado repetidamente que votarán en contra.
González también ha asegurado que quienes se oponen a la ley es porque no quieren arreglar la situación de la Cañada. "No poner plazo es no querer que se resuelva", ha resumido la postura. Y ha emplazado a PSM e IU a explicar por qué no quieren hacerlo. Sin embargo, ha eludido recordar que también se ha opuesto a esta ley la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, que también es del PP.
Tanto la capital, como los ayuntamientos de Rivas (IU) y Coslada (PSM) vienen defendiendo en los últimos años que arreglar la situación social de la cañada es una prioridad y que debía haberse consensuado un plan antes de imponer la desafección del terreno. Con la ley, aseguran, si no se llega a un acuerdo para resolver la cuestión social en dos años, el problema quedará en sus manos.
Con idea de aprobar la norma antes de las elecciones, el PP retomó la tramitación en la Asamblea del proyecto a finales de febrero, un año y medio después de lanzar la idea.
La Cañada es el mayor asentamiento irregular de Europa: una calle de 14 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho en la que viven unas 40.000 personas, según Madrid, Rivas y Coslada, aunque el Ejecutivo regional reduce la cifra a 14.000. Con la nueva norma, el PP pretende desafectar el suelo, es decir, que la vía pecuaria pase de estar considerada de dominio público a bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid, que podrá "enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos", según el texto normativo.
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