Aguirre podría actuar ya en la Cañada Real

El Defensor del Pueblo ha lanzado un mensaje contundente a la Comunidad de Madrid: el Gobierno regional cuenta con los medios suficientes para actuar cuanto antes en la Cañada Real. El defensor, Enrique Múgica, repite varias veces en su informe de 2009 que la Comunidad no necesita ninguna ley ad hoc para atajar los problemas de esta vía pecuaria de 15 kilómetros, donde malviven más de 30.000 personas, porque ya tiene otras leyes que le permiten actuar en la zona.

El problema de la Cañada Real "es, a juicio de esta institución, un problema con aspectos urbanísticos y de vivienda, de peligro ante inundaciones, pero también de seguridad ciudadana y de atención social e incluso de salud pública", reza el escrito. Por esto, la nueva ley -de coste cero en su aplicación- que prepara la Comunidad y que contempla únicamente la regulación del territorio es, según Múgica, "insuficiente".

Las 12 páginas dedicadas a analizar la situación de la Cañada Real no escatiman en reproches que enfatizan la "escasa colaboración" de la Administración: "La Comunidad de Madrid propugna, como dicen sus leyes, una región constitutiva de uno de los mayores y más avanzados centros de servicios de España, un núcleo industrial de primera magnitud; (...) sin embargo, al mismo tiempo, y según las zonas, concurren en ella los problemas propios de las regiones atrasadas en su desarrollo, los del declive industrial y los de las grandes aglomeraciones urbanas".

En opinión de Múgica, la ley de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deben ser objeto de preservación podría aplicarse directamente en la cañada porque es una zona de interés urbanístico que "presenta deficiencias y carencias sociales de especial gravedad".El informe, reincidiendo en la idea de que existen suficientes mecanismos para atajar los problemas de la cañada, mantiene que la Comunidad podría valerse de los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas. Recuerda también que las competencias directas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención pertenecen a la Comunidad por lo que "puede tomar iniciativas de cooperación y concertación con los Ayuntamientos".

"La Comunidad no está ejerciendo su responsabilidad. Es imposible abordar un problema de esta índole con coste cero. Este informe es un varapalo porque ahonda en que el Gobierno regional es el responsable principal y está haciendo una dejación de sus funciones", coincide el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, uno de los tres municipios fronterizos con la cañada. Este periódico intentó recabar sin éxito la opinión de los regidores de Rivas y del Ayuntamiento de la capital.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio -"el órgano apropiado para iniciar las actuaciones"- para que le remitiese información de las iniciativas que se habían llevado a cabo y la coordinación que se había iniciado con el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno. La respuesta decepcionó al Defensor, que carga contra la consejería por demostrar "una actitud ajena al problema de la Cañada Real".

"La Comunidad muestra disposición de colaborar con las iniciativas que se emprendan", pero, según Múgica, "no dice quién las va a emprender". El texto incide en la inacción del Gobierno regional porque, a pesar de reconocer que es un problema que afecta a varios municipios -Madrid (PP), Coslada (PSOE) y Rivas Vaciamadrid (IU)- y que requiere la coordinación con los Ayuntamientos afectados y el Estado, "no se concluye nada sobre ello".

Las críticas continúan hasta el final del informe, que expone algunos ejemplos para enfatizar que en la práctica no se está haciendo nada. "La consejería no parece reconocer la calidad de vecinos a quienes allí habitan, pues se refiere a ellos en expresión entrecomillada".

Múgica acusa a Medio Ambiente de despreocuparse de los asuntos que se escapan de su competencia y de "no recabar información", manteniéndose en la "ignorancia". Una "posibilidad contradictoria" con el reconocimiento por parte de la Comunidad de que "se trata de un problema que requiere para su solución la coordinación de todos".

El defensor justifica esta tesis con las cuestiones que la consejería dejó de contestar. "Como la atención al toxicómano y el tráfico de drogas no son de su competencia, la consejería no informa". Y sigue. "Como los derribos no son iniciativa suya, nada puede informar; tampoco de su relación con la población extranjera, de lo que se deduce que el órgano autonómico no los considera asuntos que le conciernen".

Múgica sí valora la iniciativa de la consejería de Educación, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja, de escolarizar a parte de los más de dos mil menores que viven "excluidos de los modos y condiciones de vida comunes", según recalcó el informe del Defensor del Menor de la Comunidad.

La conclusión del Defensor del Pueblo es más incisiva e incide en su argumento principal. "Sin más argumentos que los escasos e incompletos, si no contradictorios, de la consejería cuesta aceptar a esta Institución que la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la Administración, sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real y que sea preciso un proyecto de ley especial". Preguntada al respecto por este periódico, la consejería no quiso comentar el informe.