El Ministerio de Medio Ambiente cuestiona la ley de la Cañada Real

A los Ayuntamientos de Madrid (PP), Coslada (PSM) y Rivas (IU), que en su día pusieron objeciones al proyecto de ley de la Cañada Real porque no resuelve el problema del realojo de los más desfavorecidos, se une ahora el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El Informe sobre desafectación y enajenación de terrenos de la Cañada Real Galiana, que solicitó el pasado 2 de octubre el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a la Dirección General Madrid a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del ministerio, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, afirma que el anteproyecto no "garantiza suficientemente que en el destino de los terrenos prevalezca el interés público o social", como establecen la ley nacional y la regional de vías pecuarias.

Los tres municipios afectados ya han puesto objeciones al texto

El documento, fechado el pasado 5 de febrero, es obligatorio en la tramitación de la ley, porque la Cañada pertenece a la red estatal de vías pecuarias, pero no vinculante. En él, el ministerio echa en falta "la correspondiente planificación territorial que conjugue los aspectos social, económico y medioambiental, para lo que sería necesario un acuerdo entre todas las administraciones públicas implicadas".

El proyecto que tramita la Asamblea de Madrid -está previsto que en marzo se vean las enmiendas parciales en la comisión de Medio Ambiente- se limita a establecer la desafección de la vía pecuaria, de 15 kilómetros. Atraviesa tres términos municipales y en ella viven unas 30.000 personas. Además, establece un plazo de dos años para cerrar un acuerdo social con los ayuntamientos afectados, que es el principal escollo para que Madrid, Coslada (PSM) y Rivas (IU) brinden su apoyo. Aducen que, si no hay acuerdo en dicho plazo, la ley permitirá vender el suelo y acusan a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Anabel Mariño, de haber roto el consenso logrado en julio por la Comunidad y los municipios.

La Cañada Real Galiana, todavía un bien de dominio público con calificación de suelo rústico, tiene una gran parte del territorio edificado ilegalmente, con asentamientos chabolistas, pero también con casas y chalés. El proyecto del Ejecutivo regional pretende regularizar la situación de los propietarios de las edificaciones estables, para que puedan adquirir el suelo que ocupan. Los detractores de la ley aseguran que sin resolver el realojo de los chabolistas se aviva el problema.

De esta manera, el Ministerio de Medio Ambiente se postula a favor de que las administraciones alcancen un acuerdo sobre el futuro "social, económico y medioambiental" de la Cañada. Además, aboga por preservar las vías pecuarias, no para conservar el uso ganadero a toda costa, sino para garantizar la biodiversidad de las zonas que atraviesan y evitar la especulación.

En su escrito, el ministerio señala que "aunque el tramo viario ya no resulte adecuado para el tránsito ganadero, se puede considerar susceptible de los usos compatibles y complementarios a los que se refieren las leyes 8/1998 y 3/1995". En dichas normas, se fijan como tales los "usos tradicionales de carácter agrícola", lo que incluye plantaciones lineales, siempre que no impidan el paso del ganado. Además, actividades como el "senderismo, cabalgada y paso de vehículos deportivos no motorizados" y las instalaciones que sean desmontables.