Cuando la burocracia condena

Ha pasado una semana desde que murió en Málaga. Y nada ha cambiado. Otra muerte que deja a una niña sin madre, una familia rota y un reo más entre barrotes. Susana Galeote perdió la vida el pasado 15 de febrero por el hachazo que le asestó su marido, del que se había separado. La mujer, de 37 años y con una hija de cinco, estaba oficialmente protegida. Pero nadie veló porque eso fuera verdad. De nada le sirvió que el juez hubiera dictado una orden de alejamiento por tres años contra el marido: nadie la vigilaba. De nada sirvió, igualmente,que ella hubiera solicitado el medio más barato para proteger a una víctima de la violencia de género: la teleasistencia. Ese dispositivo tan publicitado no se le concediópor cuestiones burocráticas. Una semana después de la muerte de Susana Galeote no hay dimisiones, ni grandes cambios en la protección de las víctimas de la violencia machista. Nadie asume los errores mientras la gresca llega hoy al Congreso y dos mujeres más pierden la vida.

¿Alguien ha escuchado a lafamilia de la víctima? Desde el luto, ha tomado la palabra con el deseo de que nunca más ocurra un caso así. ”Mi hermana se sintió frustrada y desprotegida tras la denuncia”, ha dicho Jesús Galeote, el hermano de Susana. En el diario Sur, explica que tras la sentencia ella pidió ayuda y solo encontró puertas cerradas. “Le negaron la teleasistencia porque había mucha demanda y el servicio estaba saturado; le dijeron que su caso no era de alto riesgo y le fueron dando largas”, afirma. Ni siquiera logró que le concedieran dejar a su hija en un punto de encuentro para que el padre la visitara sin toparse con la madre. También estaba “saturado”, según el hermano.

Pasó lo que no tenía que pasar. Los mecanismos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se habían puesto en marcha pronto y bien cuando la víctima hizo aquello que era su derecho y se pide insistentemente: denunciar. Lo hizo en julio del año pasado. Hubo juicio rápido y condena a 15 meses de prisión por amenazas y maltrato, una pena que José Romero eludió con un curso sobre igualdad de 25 sesiones, tal como permite la norma para los condenados por primera vez. Pero en la novena charla su sitio quedó vacío: ese día cogió un hacha y esperó a que su mujer dejara a la niña en el colegio.

Desde la sentencia por maltratohasta el crimen, habían transcurrido más de seis meses de fallosy mal hacer que llevaron a que la mujer permaneciera desprotegida. La policía calificó de “bajo” el riesgo que tenía Susana de sufrir una agresión por parte de su marido. Este adjetivo descartaba que se le prestara una atención especial. “Puede que en ese momento fuera bajo, pero había que haber hecho más valoraciones después”, planteanen el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. No se hicieron. Tampoco intervino en la valoración un psicólogo o un psiquiatra, los expertos más cualificados para esta tarea. Las unidades de expertos con ese cometidoescasean. Todavía no se han extendido a todo el territorio, según denunció la Fiscalía General del Estado el pasado septiembre.

Por si fuera poco,la petición de teleasistencia (un teléfono móvil que permite alertar del peligro) embarrancó. Igualdad asegura queno cursó la demanda “porque no tenía la información necesaria”. Añade quese la requirió a la empresa que presta el servicio, Eulen, y que no hubo respuesta. “Hubo un problema de comunicación”, resumen. El Ayuntamiento de Málaga también ha echado balones fuera. Dicen allí que cursaron la demanda y que nadie les pidió que completaran los datos que, según Igualdad, faltaban. He intentado, sinéxito, saber al menos si el Consistorio ha resuelto las saturaciones de los servicios que denunciaba la familia:nadie ha contestado una semana después.Tampoco enEulen hablan. En el ministerio, nadie ha dimitido, ni se han puerto en marcha cambios para mejorar la protección.

Mientras la petición de ayuda caía en saco roto, Susana Galeote volvió a recibir amenazas, según su familia. Y decidió no volver a denunciar. ¿Para qué iba a dar el pasosi no había logado protección al hacerlo la primera vez?. Vivía aterrorizada, sobre todo los días previos a su muerte, dice su hermano. “(Ella) lo veía venir. Nos decía algunas cosas, como que pensaba que en cualquier momento iría a por ella”. Y vino. Y una semana después nadie se ha apresurado a aprender latrágica lección de los fallos. Aunque entre los responsables del seguimiento de esta ley se insiste enque no se puede culpar de la muerte de Susana a la falta de teleasistencia, porque el culpable es el agresor, cabe preguntarse si laburocracia resultó mortífera. ¿Habría muerto la mujer si hubiera estado protegida? Nunca habrá respuesta, pero ¿cómoseguir pidiendo a las maltratadasque denuncien a su agresorsi luego no se las protege adecuadamente? Aunque salgan pocos fallos a la luz,cualquiera de ellosdebe servir para que no se reproduzcan.Cinco años después de su aprobación, aquella unánime Ley contra la Violencia de Género siguecoja de los medios que necesita para hacer real su apellido: “medidas de protección integral contra la Violencia de Género”. A Susana la agredió su marido, pero la burocracia la condenó a quedar desprotegida.