El juez prorroga dos años la prisión a Correa y reduce la fianza de Crespo a la mitad

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha prolongado dos años la prisión provisional para Francisco Correa, el presunto cabecilla de la mayor trama corrupta de la democracia y ha reducido a la mitad, de 1.200.000 euros a 600.000 euros, la fianza del número dos, Pablo Crespo, que podrá salir de prisión si abona esta cantidad.

En un auto hecho público hoy, Pedreira justifica la decisión de mantener a Correa en prisión en la gravedad de los múltiples delitos que se le imputan y en el riesgo de fuga que, en su opinión, existe "desde el primer día y continua manteniéndose en la actualidad".

Correa, a quien el juez imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, permanece en la prisión de Soto del Real desde que en febrero de 2009 fue detenido por orden del juez de Baltasar Garzón.

Además, Pedraz acuerda, en un segundo auto hecho público hoy, prorrogar la situación de prisión provisional de Pablo Crespo salvo que "se abone la fianza de 600.000 euros", lo que supone una reducción a la mitad de la fianza, con lo que accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 24 de enero. Además, el magistrado le impone como requisito comparecer "todos los lunes y viernes" ante el tribunal, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar España.

Los informes confirman los hechos imputados

El juez añade en el auto que a lo largo de estos años de instrucción "las distintas unidades de auxilio judicial" han emitido informes que confirman los hechos imputados a Correa y Crespo. En concreto, Pedraz alude a informes referidos a deudas tributarias, a las entregas de dinero y a irregularidades en contratos públicos que acreditarían los delitos de prevaricación, imputados a los número uno y dos de la trama corrupta.

Además Pedraz explica en el auto que "los indicios se han confirmado respecto de la existencia de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, blanqueo de capitales y diversos delitos contra la Administración Pública, entre ellos, tráfico de influencias y cohecho".