Cobo tilda los ataques del Gobierno por la contaminación de "propaganda electoral"

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho esta tarde que las declaraciones de Rosa Aguilar criticando la política medioambiental del Consistorio no son "más que propaganda electoral". Según Cobo, "el anterior Ministerio de Medio Ambiente textualmente nos dijo que le parecían muy adecuados los nuevos criterios en cuanto a las estaciones de tráfico que medían la contaminación atmósférica. Parece que lo que era muy adecuado para el anterior Gobierno Zapatero no es adecuado para el actual Gobierno Rubalcaba".

En tono irónico, el vicealcalde aseguró que es "un honor que la ministra de Medio Ambiente se haya ocupado solo de las madrileñas y los madrileños" en el tema de la la contaminación atmosférica. "No ha hablado de ninguna otra ciudad; para la ministra no existen otras ciudades en España, lo que hace que nos sintamos muy orgullosos y muy agradecidos, señora Aguilar, que exclusivamente se ocupe de la ciudad de Madrid".

"Señora ministra, siga usted las instrucciones del señor Rubalcaba, que los madrileños nos hemos dado perfecta cuenta de que esto no es más que una propaganda electoral", reitera el vicealcalde.

Las palabras de la ministra

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha cargado esta mañana contra la estrategia del avestruz del Ayuntamiento de Madrid en lo referente a la contaminación en Madrid. "No vale hacerse trampas al solitario", ha sentenciado la ministra sobre el ardid del consistorio para tratar de enmascarar la polución: cambiar unas estaciones medidoras de sitio, precisamente las que arrojaban datos más altos, y eliminar otras. Aguilar ha afirmado que le "preocupa" la "pésima calidad del aire en Madrid" y ha subrayado que está "afectado a las personas", por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que tome "medidas urgentes". Y las ha concretado: reordenación del tráfico, más transporte público y peatonalización de algunas zonas.

A su juicio, y también en contra de lo que sostiene el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, la boina negra instalada sobre las cabezas de los más de cuatro millones de personas que habitan la capital está "afectando a la salud de los ciudadanos" -un estudio médico publicado en EL PAÍS alertaba de que la contaminación de los motores diésel está elevando la mortalidad en la capital-. Ante esta situación, la responsable de Medio Ambiente ha declarado que respeta "las competencias municipales", pero ha recordado, como alcaldesa que fue, que "los ayuntamientos pueden tomar medidas".

El fiscal espera un respuesta

La concejal Botella admitió el día 19 que Madrid registró una media anual de 44 de dióxido de nitrógeno, un gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor. La cota debía ser inferior a 40 microgramos por metro cúbico, según marca la legislación europea, por lo que Madrid ha pedido una moratoria para cumplir la directiva. "Me preocupa que no se haga nada, que la única salida sea pedir una moratoria", ha reprendido Aguilar esta mañana al Consistorio. Tampoco le hace gracia a la ministra que la defensa de Botella sea culpar al Gobierno por fomentar la compra de vehículos diésel. "Cuando uno no hace la tarea que debe, lo que no puede es echar balones fuera y no asumir responsabilidades", ha respondido a la delegada madrileña la ex dirigente de IU. "Cuando los índices demuestran que la calidad del aire es pésima", ha reiterado Aguilar, "lo que no se puede hacer es mirar para otro lado ni cambiarlos [los medidores] de sitio, porque es hacerse trampas al solitario".

Aguilar se refería a que Madrid no sólo incumple las cotas, sino que además, hace trampa. Los ecologistas llevaban meses denunciándolo y a ellos se sumó el pasado viernes el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, que cargó contra el truco del Ayuntamiento. La supresión de seis estaciones, situadas en las zonas más contaminadas de la capital, provocó que Vercher remitiera el viernes una carta de 34 páginas al Consistorio en la que asegura que la intención del Ayuntamiento al hacer el cambio fue maquillar los datos. El fiscal argumenta también que contraviene la legislación europea. El departamento de Medio Ambiente, que dirige Ana Botella, eludió ayer contestar públicamente al fiscal, informa Elena Sevillano.