Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Aguayo acusa a los funcionarios de desprestigiar a los empleados públicos

La consejera de Hacienda lleva mañana la propuesta pactada con CC OO y UGT a la mesa de función pública

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha acusado hoy a los funcionarios de la Junta de emprender una "campaña de desprestigio" contra los empleados públicos, en referencia a las denuncias sobre los "enchufados" expuestas en la manifestación del pasado sábado.

En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas del Parlamento, Aguayo ha negado el enchufismo en la Junta y ha afirmado que estas acusaciones "forman parte de la siembra de desconfianza que se quiere hacer de los empleados públicos para prepararse el terreno de una manera negativa". "Es una campaña de desprestigio a los empleados públicos que no son funcionarios. Basta ya de desprestigiar a los empleados públicos", ha apostillado.

Aguayo llevará mañana a la reunión de la Mesa de la Función Pública la propuesta de decreto-ley pactada con CCOO y la UGT pero con la "voluntad" modificar algunos "flecos" que contribuyan a garantizar derechos y a eliminar "miedos y recelos" sobre la reforma del sector público.

"No se privatiza nada, no se alteran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, ni se merman sus derechos. Ni los laborales pasan a funcionarios ni se hacen fijos a los laborales ni habrá alteración de las normas", ha esgrimido.

La pretensión de la Junta es que quede más clara la voluntad de funcioarios y laborales de situarse en las agencias, la valoración de los servicios prestados, la carrera profesional o reforzar la consolidación del sector público.

"Dado el recelo que ha generado el decreto estoy abierta a ampliar los aspectos de personal para aclarar los derechos de los trabajadores públicos", ha apostillado Aguayo, quien ha admitido que no se ha explicado bien el decreto pero también que se está "interpretando mal" por parte de los funcionarios.

La intención del Ejecutivo es elevar las modificaciones del decreto a rango de ley a través de enmiendas a los presupuestos de la Junta de 2011.

La consejera ha sostenido tajante que lo que no va negociar es la derogación del decreto o cambiar la organización que prevé, ya que ésta -ha dicho- es competencia "exclusiva" del Gobierno.

Ha atribuido al malestar de los funcionarios a los recortes salariales, a la disminución de retribuciones que en diciembre próximo supondrá una reducción importante de las pagas extraordinarias.

No obstante, ha censurado la "manipulación y la descalificación" de los funcionarios, a los que ha criticado que "descalifiquen" a los empleados públicos según su procedencia.

La consejera no prevé un conflicto laboral de larga duración y está convencida de según se vaya viendo la "realidad de los hechos los miedos irán decayendo", por lo que ha sostenido que "todos los funcionarios de buena fe podrán observar que ninguno de los miedos tienen fundamento".

Después de insistir en que el decreto "consolida y aporta más eficacia" al sector público, la titular de Administración Pública ha cargado contra el PP, al que ha acusado de tener el "interés de ganar en río revuelto para desprestigiar lo público y a partir de ahí no mantener los servicios".

Preguntada por la decisión de la Audiencia Nacional que ha pedido a la fiscalía, sindicatos y administración que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de presupuestos de la Junta de 2010 sobre la rebaja salarial aplicada en la RTVA, Martínez Aguayo lo ha considerado "normal".

"Ya hubo recurso a la norma estatal porque esto ha sido una decisión estatal. Habrá que esperar a lo que dice el TC porque lo que hacemos nosotros es aplicar esa norma en Andalucía", ha explicado.