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La reforma del decreto del sector público obliga a cambiar seis normas

La Junta hará las modificaciones a través de la ley de Presupuestos

El Gobierno andaluz deberá modificar hasta seis normas de distinto rango para modificar el decreto 5/2010 de reordenación del sector público andaluz, según el pacto alcanzado con UGT y Comisiones Obreras. Para mañana jueves está prevista una reunión de la Mesa General de la Función Pública, en donde, además de los citados sindicatos y la Administración, está representado CSIF, para "debatir" un documento de enmiendas al articulado de la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011 que reforme el citado decreto.

Estas modificaciones afectarán al artículo 69.3 de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía -que se refiere a las funciones encomendadas a las nuevas agencias que implican el ejercicio de las potestades públicas-, así como a la disposición adicional cuarta del decreto de reordenación del sector público, que se refiere al régimen de integración del personal, y que será modificado en casi la totalidad de sus siete apartados.

CSIF rechaza el acuerdo y niega legitimidad al pacto de UGT y CCOO

De esa reunión saldrán las enmiendas que el grupo parlamentario socialista llevará a la Cámara andaluza el próximo viernes para su aprobación e inclusión en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, instrumento elegido para llevar a cabo esta adaptación, y que la Junta había dejado de utilizar en los últimos años.

Pero además de la reforma de estas dos normas, la Junta deberá modificar el decreto 151/1996, de de 30 de abril, por el que se regulan los concursos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía (modificado por el Decreto 2/2002) y el decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional.

La reforma no termina ahí. Para la adaptación definitiva del decreto 5/2010, la Junta deberá llevar a la comisión paritaria del Acuerdo de Funcionarios una reforma para introducir el carácter de voluntariedad del traspaso de funcionarios a las agencias públicas, así como una última reforma del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, por el mismo motivo.

El pacto alcanzado con UGT y Comisiones no significará, sin embargo, el cierre de este conflicto, que el pasado sábado sacó a las calles de Sevilla a más de 20.000 personas, contrarias al decreto. Pese a que desde UGT se insiste en que "se ha logrado desde el ámbito de lo público avanzar en una Administración más flexible sin acabar con la Función Pública", desde el otro sindicato representado en la Mesa General de la Función Pública, el CSIF, se rechaza la fórmula empleada por la Junta para dar cobertura sindical al decreto.

"Vamos a acudir porque es nuestro derecho y nuestra obligación, pero no vamos a debatir ni a negociar nada. Nuestra posición sigue siendo la derogación del decreto". Así se manifiesta Alicia Martos, presidenta del Sector de la Administración Autonómica del CSIF Andalucía. Martos reiteró su reprobación a la actitud de la Junta, que en su opinión "no atiende y da la espalda a la mayoría de los funcionarios" y restó la legitimidad de un acuerdo alcanzado con Comisiones y UGT. Además, indicó que es la primera ocasión que su sindicato es llamado a la negociación, y negó que hubiera habido contactos bilaterales con el Ejecutivo para intentar sumar al CSIF al acuerdo de UGT y Comisiones: "Unirnos a ese acuerdo no es forma de negociar", dijo Martos, quien aseguró que "se sigue intentando confundir a los funcionarios".

Por su parte, fuentes de Ustea y del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) mostraron su rechazo a que se negocie fuera de la mesa sectorial, y que "la Junta negocie con sindicatos que son mayoritarios en personal laboral pero no en el personal funcionario".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de noviembre de 2010