Al rescate de los barcos hundidos

Una grúa tira con fuerza hasta sacar la zodiac del agua. La barca huele mal. "A putrefacto", constata un técnico municipal del Ayuntamiento de Roses (Girona). El consistorio, con su alcaldesa a la cabeza, Magda Casamitjana (PSC), ha agradecido los 30.000 euros que la Generalitat de Cataluna ha aportado para rescatar 16 barcos hundidos o semihundidos en el canal de la Marina Interior de la urbanización de Santa Margarida, en el municipio de Roses.

Algunas de las embarcaciones, en su mayoría recreativas, llevan allí desde la década de 1970, cuando se construyó el canal. Se trata de un entrante de agua artificial bordeado de casas que, en lugar de jardín, tienen un amarre para dejar el barco sin necesidad de pagar. Al menos por ahora. La Generalitat sacó a concurso hace dos años la gestión del canal. Pedía 60 millones de euros y quedó desierto.

El Ayuntamiento de Roses propone a una concesionaria municipal y vecinal que se haga responsable del mantener la zona. "Pero a un precio razonable", ha añadido la alcaldesa esta mañana, con casco y rodeada de los operarios que limpian la Marina.

Explotar la zona

Todavía están en negociaciones para ver si se ponen de acuerdo entre ellos y si convencen a la Generalitat de la aventura municipal o vecinal. De lo contrario, temen que un empresario extranjero con capital suficiente gane la concesión y explote la zona a su antojo, sin tener en cuenta a los lugareños.

La Marina es una zona codiciada de 344.495 metros cuadrados, formada por 14 canales y 12 puertos interiores. En total, cuenta con 1.598 amarres. Pero desde el pasado febrero consta como propiedad del Estado, en el que no se puede construir.

Ley de Costas

El pasado martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado el deslinde, es decir, la línea divisoria entre lo que es de dominio público (y no se puede edificar) y lo que es de dominio privado. Unas 3.800 viviendas están afectadas por los seis metros de servidumbre que les obliga la ley de Costas a dejar entre el canal y sus casas.

"No afectará a nada de lo que ya esté construido, pero no se podrá edificar y al final [tras al menos 30 años de concesión] deberán pagar por los amarres", ha explicado hoy Casamitjana. El Consistorio ha recurrido la decisión del Ministerio de Medio Ambiente a la Audiencia Nacional porque consideran que el canal no es una zona marítima natural, sino una construcción artificial. La Audiencia todavía no se ha pronunciado.