La abogada de Roca pide la anulación de todo el proceso del 'caso Malaya'

A las 10.44, con un retraso menor al de cualquier otra causa, se ha iniciado en la Ciudad de la Justicia de Málaga la primera sesión -que ha acabado a las 14.30- del juicio del caso Malaya. El gran proceso contra la corrupción en Marbella, con 95 procesados, ha arrancado con un turno de cuestiones previas que está previsto que abarque las próximas 12 sesiones en el mejor de los casos. Rocío Amigo, la abogada del principal acusado, el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, ha sido la encargada de abrir el turno.

Amigo, en un alegato breve y bien estructurado, ha solicitado a la sala la nulidad de todo el procedimiento desde la base. Ha comenzado haciendo referencia a la declaración del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González, en noviembre de 2005, que formalmente dio inicio a las investigaciones, cuando informó al juez Torres de que Roca era quien verdaderamente mandaba en el Ayuntamiento y todas las decisiones pasaban por su despacho. Rocío Amigo sostuvo que esta declaración solo proporcionaba indicios de delitos contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias, por lo que la ristra de acusaciones que pesan sobre Roca, malversación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales, no serían válidas.

A continuación, Amigo ha exigido la nulidad de las escuchas telefónicas que permitieron poner la investigación en pie. Según la letrada, estos pinchazos se hicieron "de forma prospectiva". "Se trataba de intervenir todos los teléfonos posibles a ver si salía algo". La letrada sostuvo que algunos pinchazos no contaron con supervisión judicial, y que el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, antes de tener el resultado de las escuchas "se inventó" el hecho de que Roca tenía un patrimonio difícil de justificar y de procedencia ilícita.

Rocío Amigo, que tomó el caso el pasado julio después de que el abogado habitual de Roca, Aníbal Álvarez, renunciara a la defensa, ha estado asistido en el juicio por otra letrada, Yolanda Terciado, que se ha encargado de desvirtuar los registros policiales en las oficinas de Roca. Terciado ha sostenido que estas pesquisas no contaron la presencia del ex asesor urbanístico y en algún caso no contaban con permiso judicial.

Horacio Oliva, abogado de los letrados Sánchez-Zubizarreta, gabinete jurídico que creó el entramado societario tras el cual se ocultó Roca su patrimonio, que supera los 240 millones de euros, ha dicho que el juicio carece de garantías por las "irregularidades" en la instrucciónyha acusado al juez Torres de "no aplicar la ley" en las detenciones por su "entusiasmo investigador". También afirmó que falta 5.000 folios del sumario.

A la misma estrategia se ha apuntado el abogado y también procesado Francisco Soriano, quien acusa al juez instructor de "parcial" e "inquisidor". "Se erige en único magistrado para las actuaciones y se aparta del juez ordinario y predeterminado por la ley, por eso las actuaciones son nulas", ha afirmado. El letrado no lo pasó bien en la cárcel y destacó esta mañana que permaneció "seis días sin comer, beber, ni lavarse y haciendo las necesidades en un agujero en el suelo, " hasta pasar a disposición judicial.

Lo más probable es que estas cuestiones previas se diriman en la sentencia. Roca se enfrenta una petición del fiscal de 30 años de cárcel y una multa de 810 millones de euros. El ex asesor urbanístico se ha pasado toda la sesión tomando notas en el banquillo de los acusados.

La gran noticia de la jornada, sin embargo, estriba en el mero hecho de que la vista oral haya arrancado y que se hayan presentado al juicio los 95 procesados con sus abogados. Entra las anécdotas de la jornada es que el tribunal, presidido por José Godino, ha permitido a la acusada Pilar Román, hija del ex edil marbellí, Pedro Román, ausentarse de la sesión para poder dar el pecho a su hijo recién nacido.

El mayor juicio contra la corrupción

El que hoy ha comenzado es el "mayor macroproceso de toda la historia judicial en España", como lo ha definido el presidente del Tribunal, José Godino. Es el fruto de una investigación que destapó la mayor trama de corrupción conocida en un Ayuntamiento en España. Lo hace cinco años después de iniciarse la operación policial que desbarató el consistorio marbellí. El proceso se sientan en el banquillo 95 personas por delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho. Entre ellos tres ex alcaldes, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados y el cerebro de la red, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. Otros tres imputados (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca) se encuentran en busca y captura.

Las sesiones del juicio oral pueden alargarse más de un año. La envergadura del caso ha obligado, además, a tomar medidas extraordinarias en los juzgados de la Ciudad de la Justicia malagueña. Un búnker alberga toda la documentación original y las piezas de convicción y abogados y fiscales han recibido en formato electrónico los 200.000 folios recogidos en los 196 tomos de la pieza principal y otros 30.000 documentos.

La operación malaya destapó, en 2005, una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de favores urbanísticos forjada durante los años de gobierno del GIL (Grupo Independiente Liberal, en el poder en Marbella de 1991 a 2003). El saqueo de las arcas públicas (la trama se tragó unos 2.400 millones de euros del patrimonio municipal) ha dejado a la localidad, sin ingresos por actividad urbanística desde 2003, una deuda de 512 millones de euros. El Ayuntamiento espera sacar del juicio las indemnizaciones para liquidar parte de la deuda. Entre los acreedores figuran la Junta de Andalucía (que prestó al municipio 100 millones) y el Estado, que se presentan como acusación particular junto al consistorio.

Además de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama (para quien el fiscal pide 30 años de cárcel), entre los acusados figuran ex alcaldes y concejales, como Marisol Yagüe (20 años), Julián Muñoz (10 años) o Isabel García Marcos (12), que supuestamente avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca.

También están los testaferros -abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria y los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas.

El juicio coincide, también, con los procesos por los casos Ballena Blanca, contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y Minutas, sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al abogado José María del Nido. La concurrencia ha obligado a marcar unos días y horarios determinados para evitar que se solapen.