Un auditor considera que el Ayuntamiento fue "extremadamente generoso" con Millet en la tramitación del hotel del Palau

Sólo uno de los auditores que ha comparecido en la comisión de investigación interna del Ayuntamiento de Barcelona sobre la tramitación del hotel del Palau de la Música ha sido crítico con la actuación del consistorio en un asunto que ha derivado en un proceso penal contra tres altos cargos municipales, entre ellos el cuarto teniente de alcalde, Ramón García Bragado. El letrado Jordi Miró, que participó en la auditoria designado por el Colegio de Abogados, sostuvo que el Ayuntamiento fue "extremadamente generoso" con los responsables del Palau -que impulsaron el proyecto del hotel- y "poco riguroso y exhaustivo" a la hora de reclamar que justificaran el alegado "interés público" del hotel. Para Miró, el beneficio principal de la operación era para la Fundación que presidió Félix Millet hasta que se desató el escándalo en julio del año pasado. Añadió que se antepusieron los intereses del Palau frente a otros, entre ellos, los de los vecinos del entorno de esa zona del Casc Antic.

Los autores de la auditoria comparecieron para contestar a las preguntas de los grupos municipales. Antes del verano todos acordaron pedir un informe pericial como primer paso y, después, iniciar las comparecencias. El resultado del informe es ambivalente respecto a la actuación de los responsables municipales: no se justificó el interés público del proyecto pero, dejándo esa cuestión al margen, la tramitación fue correcta.

Algunos de los auditores, en sus explicaciones, tendieron un capote a los responsables del equipo de gobierno: "fueron engañados con el cambio de titularidad". Se refería a que el consistorio ignoraba que la propiedad de los tres edificios donde se iba a levantar el hotel ya no era del Palau sino que se había vendido a Olivia Hoteles. Un "engaño" más que dudoso si se tiene en cuenta que técnicos de Urbanismo- y también los responsables de licencias de Ciutat Vella- habían sido informados y habían realizado trámites en los que figuraba que la propietaria de las fincas era la empresa Olivia Hoteles.

También siguiendo las tesis municipales, los técnicos se alinearon con el argumento de que el cambio de propiedad de las fincas no tenía "ninguna consecuencia jurídica" a la hora de tramitar el plan urbanístico. Ninguno de ellos, ni de los regidores que les formularon preguntas en la comparecencia, se refirieron al proceso penal abierto precisamente por cómo se hizo la tramitación. Algo que en opinión del fiscal y de la juez- que les ha inculpado- puede constituir los delitos de falsedad en documento y prevaricación.