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El PP vuelve a decir no a la renovación del Constitucional en el Senado

El resto de grupos le da una semana de plazo para que proponga candidatos

Casi tres años después de haber expirado el mandato legal de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, y a dos meses de que 20 candidatos propuestos por las comunidades autónomas fueran examinados por los portavoces de los grupos, el PP ha vuelto a decir no a la renovación del alto tribunal.

La comisión de nombramientos del Senado debía reunirse hoy a las 16.00 para elegir los nombres de los cuatro sustitutos, pero en la junta de portavoces de esta mañana ha quedado claro que el PP no tenía intención de resolver la renovación esta tarde, por lo que la reunión ha vuelto a aplazarse, ahora hasta el 15 de septiembre. Los grupos parlamentarios han acordado por unanimidad dar una semana de plazo a los populares para que aclaren si están en disposición o no de plantear sus candidatos. Cumplido el nuevo plazo, la comisión de nombramientos debería o proponer cuatro candidatos al Pleno, o abrir un nuevo periodo para que los grupos formulen nuevas propuestas.

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Todos los grupos, salvo el PP, estaban esta mañana en disposición de poner cuatro nombres sobre la mesa. La portavoz del PSOE, Carmela Silva, ha destacado la "generosidad" que han mostrado hoy todas las formaciones políticas con el Partido Popular, "que juega a la ceremonia de la confusión" en la renovación del Tribunal Constitucional.

Ahora para que los grupos puedan hacer nuevas propuestas de magistrados, será necesario que la Comisión de Nombramientos declare "insuficientes" las 20 candidaturas ya existentes. Silva aclaró que "en ningún caso se pueden retomar las consultas con las Comunidades Autónomas". Todo quedan en manos de los grupos.

El PP mantiene bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional porque entiende que la actual composición, con un tercio de sus miembros con el mandato expirado, favorece sus intereses, especialmente, el de conseguir tumbar la ley del aborto, que recurrieron ante el alto tribunal.

"El PP antepone sus intereses partidistas, a la dignidad y estabilidad de las instituciones democráticas", declaró Carmela Silva, "con lo que contraviene claramente la Constitución y el consenso que se estableció en el 78". "Que recupere la cordura democrática porque la situación es insostenible y el PP le está haciendo un daño sin precedentes a una institución básica como es el Constitucional", añadió.

Los populares habían forzado a sus parlamentarios autonómicos a proponer solo dos nombres: Francisco Hernando y Enrique López, presidente y portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial, respectivamente. Pero los servicios jurídicos del Senado anularon la candidatura de López por entender que no cumplía el requisito de tiempo de ejercicio profesional que exige la ley.

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