Santa Coloma falsificó facturas para esconder el desvío de fondos europeos

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con conocimiento del alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC), y tutelado por el jefe de la trama Pretoria,Luis García Sáez, Luigi, falsificó un certificado para justificar el desvío de fondos recibidos de la Unión Europea para rehabilitar un barrio de la localidad, según consta en los informes de la Guardia Civil incluidos en el sumario del caso Pretoria. En concreto, la cantidad percibida de la UE ascendía a 1,3 millones de euros, de los que menos de una tercera parte (400.000 euros) fueron destinados a las expropiaciones, sin que el informe explique el destino del resto.

Los informes incluyen transcripciones de las numerosas llamadas telefónicas en las que los implicados mostraron, ante una inminente inspección -que nunca existió- "de los fondos de cohesión del Ministerio" de Economía, su temor a que se descubriera el desvío de fondos. "Lo de [la calle de la] Sardana es un horror", explica Pascual Vela, director de Servicios de Santa Coloma, en una llamada del 22 de abril de 2009 a Luigi.

En realidad, dicha inspección no existía. Lo cuenta en su declaración ante el juez la interventora Maite Carol. El gerente de la constructora municipal Gramepark, Manuel Sierra, le pidió los 1,3 millones para pagar expropiaciones con el pretexto de la ley de Barrios. Carol se niega. "Ni yo, ni Albert [Gadea] ni Pascual [Vela] le íbamos a pasar ni un duro más", asegura en la declaración.

Así que Carol decidió no autorizar más pagos hasta que no le pasaran documentos. Pero no éstos no llegaban, según su testimonio. Por ello, le dijo a Vela que se inventara la inspección. Y Luigi picó. "La factura, no sé si decirte que es falsa, pero no es cierta", le dice Vela a Luigi, a lo que el jefe de la trama responde: "No, la factura es falsa".

La trampa surte efecto. Muñoz llama a Vela cinco días después: Hay que limpiar el expediente antes del miércoles, que les viene la inspección, porque el dinero lo dedicaron a otras cosas". Y así llegó la documentación. La sorpresa ocurrió cuando Carol pudo ver que el Ayuntamiento había abonado a Gramepark los 1,3 millones de euros aprovechando que ella estaba de baja maternal, según recogen los informes sumariales, sin que se emitiera ningún informe ni justificante.

Gramepark, según consta en el sumario, usó la mayor parte de ese dinero para otros fines, que no se especifican, y no para las expropiaciones. Según el sumario, el Ayuntamiento sí firmó los cheques de las expropiaciones. Pero los vecinos no los recibieron, porque renunciaron a ellos a cambio del piso que les daba la constructora pública a cambio de ceder su casa. Y ello supuso que el cheque al portador regresara a Gramepark, con un destino que se desconoce.

Según consta en el sumario, además, el gerente del Instituto Catalán del Suelo, dependiente de la Generalitat, estaba al corriente de los asuntos de Gramepark a través de Luigi.