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Ibarra propone revisar la seguridad de los jueces vascos

El presidente del Superior perfila un programa "sin rupturas" con lo anterior

El programa de gobierno que tiene previsto desarrollar durante sus cinco años de mandato el nuevo presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, comienza a tomar forma. Garantizar la seguridad de los jueces que ejercen en Euskadi será una de sus prioridades. El máximo representante de la judicatura vasca ha iniciado ya los contactos con los ejecutivos central y autonómico para actualizar, "sin rebajas", el programa de protección personal y seguridad de edificios que se fijó con urgencia tras el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001.

El plan quedó abierto en su momento a una revisión para la que Ibarra considera que ahora, tras el relevo en Ajuria Enea y el alto tribunal vasco, "se dan las circunstancias". Durante su primera rueda de prensa desde el acceso al cargo, el presidente del Superior argumentó ayer que en la actualidad existen "medios más complejos en materia de seguridad" que la simple vigilancia a través de escoltas y abogó por un "mejor aprovechamiento" de los recursos para que exista proporcionalidad entre el riesgo y las medidas que se aplican, con el objetivo de "aliviar el estrés" que padecen los amenazados.

El máximo responsable de la judicatura vasca no quiso entrar en detalles, pero garantizó que la reforma "no pasa" por una reducción del número de escoltas, ya que la situación de amenaza no ha variado desde 2001. Según manifestó, ETA sigue considerando "enemigos" a los jueces y "cifra su propia existencia como organización terrorista en la desaparición" del colectivo.

Ibarra compareció en Bilbao para presentar a los medios de comunicación los ejes estratégicos de su programa, que recoge medidas "viables" y que "no suponen ninguna ruptura" respecto a las llevadas a cabo por su polémico antecesor, Fernando Ruiz Piñeiro. Además de la seguridad personal, defendió una independencia judicial que, a su juicio, "no se encuentra en riesgo" ahora en el País Vasco, pese a que "lo estuvo en el pasado y lo puede estar en el futuro".

El presidente del Superior no citó las tensas relaciones mantenidas con el Gobierno anterior del PNV tras los procesamientos de Juan María Atutxa y Juan José Ibarretxe, pero dio especial relevancia a mantener un contacto fluido y periódico con las distintas instituciones vascas, entre las que mencionó el propio Ejecutivo, el Parlamento, las diputaciones, las Juntas Generales y los ayuntamientos de las capitales de los 14 partidos judiciales que hay en Euskadi.

Avanzó también que contempla impulsar la utilización del euskera en los tribunales, a través de la adaptación del convenio que lo regula a la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, y que ha iniciado ya los contactos con el Departamento de Justicia para la elaboración de un programa plurianual para mejorar las condiciones de la planta judicial.

Ibarra se pronunció también sobre otras cuestiones ajenas a su gestión. Se mostró partidario de renovar el Tribunal Constitucional, porque "lo manda la ley", y confió en que se resuelva la presidencia de la Audiencia guipuzcoana, ya que "hay calidad suficiente" entre los candidatos.