El fiscal de La Haya contesta al Poder Judicial que sigue queriendo contratar a Garzón
"Conocía la investigación abierta contra el magistrado", responde por carta a Carlos Dívar
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, ha respondido hoy en una carta enviada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y al secretario del mismo, Celso Rodríguez, que ya "conocía la investigación abierta contra el magistrado Baltasar Garzón Real" y que le confirma que no encuentra "razones para modificar la decisión de contratarle en calidad de asesor legal de la fiscalía".
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Moreno-Ocampo explica que comprende que el juez "de acuerdo a la ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido de sus funciones", pero añade: "La fiscalía, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".
Por último, y en contestación a una pregunta directa del Consejo General del Poder Judicial, aclara: "El cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal". El fiscal de la Corte Penal Internacional se despide del presidente del CGPJ confiando en contar con su "apreciada cooperación".
La carta de Moreno-Ocampo responde a una comunicación del Consejo enviada a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, el pasado 14 de mayo, día en que acordó la suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional tras 22 años de servicio.
En su escrito, el Poder Judicial le comunicaba que la Comisión Permanente "a efectos de resolver con la mayor celeridad la solicitud" de Garzón de "ser declarado en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial para desempeñar funciones de consultor en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", había acordado dirigirse a la fiscalía de la CPI para preguntarle "si confirma o ratifica el ofrecimiento de un contrato de consultoría como asesor externo" para Garzón y "si dicho contrato lleva implícita algún género de inmunidad procesal".
En la misma comunicación, el Consejo se dirigía por segunda vez al Ministerio de Asuntos Exteriores para que tras la "nueva situación" del magistrado emitiera un nuevo "informe de conformidad" con su desplazamiento a La Haya; al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que informara "sobre la petición de declaración en situación de servicios especiales a la vista de la medida de suspensión cautelar acordada"; a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para que le comunicara si la petición de Garzón "afecta al curso de las actuaciones que se encuentran en trámite ante la misma sala", y a la Secretaría General del CGPJ, para que emitiera un quinto informe sobre la solicitud del juez teniendo en cuenta su suspensión.
Como las Madres de Plaza de Mayo
La Plataforma contra la impunidad del franquismo, que agrupa a familiares de desaparecidos, escritores y artistas, ha convocado a los ciudadanos a participar en una concentración de protesta todos los jueves a partir del próximo día 20, a las 20.00 en la Puerta del Sol de Madrid en solidaridad con las víctimas y para pedir que se investiguen los crímenes de la Guerra civil y la dictadura.
La convocatoria sigue el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo argentinas, que se concentran todas las semanas desde hace años para pedir encontrar a los suyos.
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